El pasado septiembre la editorial Pasado & Presente publicaba «La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto. España: 1900 – 1950» de Ricardo Robledo Hernández. Una obra que, sin lugar a duda, debería estar en la biblioteca de todo aquel interesado por la historia reciente de nuestro país. Esto es así debido a que esta investigación, rigurosa y muy completa, ha logrado suplir un vacío historiográfico. En efecto, el mundo académico, el de la divulgación y el de la ciencia histórica en general deberían estar muy contentos: ya no se dependerá casi en exclusiva de la ya clásica, aunque excelente, obra de Edward E. Malefakis publicada hace más de medio siglo. Y es que, por si fuera poco, el autor logra aportar una más que novedosa y actualizada visión sobre una de las vicisitudes más trascendentales de la primera mitad del siglo XX: la cuestión agraria.
Ficha técnica
- Título: «La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto. España: 1900 – 1950».
- Autor: Ricardo Robledo Hernández
- Género: Historia socioeconómica (la cuestión agraria durante la primera mitad del siglo XX).
- Nº de páginas: 611
- ISBN: 9788412465952
- Año: 2022
- Editorial: Pasado & Presente
- Puedes adquirirlo en la página oficial de Pasado & Presente
- Bibliografía, índice y primeras páginas
El autor
Ricardo Robledo Hernández ha sido profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrático de Historia Económica en la Universidad de Salamanca. En la actualidad es investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra. Sin contar el numeroso listado de artículos que ha escrito en revistas científicas de gran prestigio, destacamos, entre otras, sus siguientes publicaciones: La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913 (1984), Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935) (1993), Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la Guerra Civil española (2007), Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria (2010), homenaje a Ramón Garrabou, y La universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil (2014).
Ha sido, por otro lado, presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria y, desde mi punto de vista, le debemos su colaboración en el libro sobre la catalogación de los fondos existentes de la reforma agraria en el archivo del antiguo Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario editado por la UNED (1996). Esta documentación, como la asociada con el Instituto de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización, se encuentra en una de las sedes del Archivo General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ubicada en el Centro de Capacitación Nacional Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).[1]
Un pequeño comentario sobre la obra
Lo que, a mi juicio, se vislumbra mejor en el libro es la existencia de un preludio muy poco esperanzador; unos antecedentes que, sin duda, se arrastraron hasta el periodo republicano. En efecto, las reformas agrarias liberales no fueron capaces de solventar las enormes disparidades a nivel regional existentes, sobre todo en lo que respecta a las formas de tenencia y de acceso a la tierra entre mediados del siglo XIX y la década de 1930. La persistencia del Antiguo Régimen, aunque descansaba en una premisa exagerada y muy desigual, conformaba un elemento de transformación burguesa que solo afectó a los privilegios de las antiguas clases dominantes con respecto a la ley. Sin embargo no estuvo acompañado, al menos no de forma generalizada, de un cambio estructural del mismo nivel en lo que, hasta ese momento, seguía siendo la base de su poder económico y, sobre todo, de influencia sociopolítica: la gran propiedad de la tierra y las relaciones laborales (muy paternalistas) que se desprendían de ella.
En general, la revolución liberal y las transformaciones económicas que la siguieron permitieron la entrada al mercado de una gran cantidad de tierras. No obstante, el propio funcionamiento de este mercado, muy alejado de las posibilidades económicas de los campesinos, especialmente del ámbito meridional español, acrecentó el patrimonio de aquellas familias que ya ostentaban un poder económico muy amplio, lo que hizo profundizar aún más los desequilibrios y las desigualdades preexistentes. La entrada en el mercado de nuevas tierras consolidó, por tanto, una concentración de la propiedad en muy pocas manos. A esta concentración se añadía la apropiación por parte de muchos latifunsistas, amparada por el fenómeno desamortizador, esencialmente la de Madoz, de los bienes comunales. Unos bienes que, hasta ese momento, habían aprovechado muchos entornos rurales del país para la subsistencia campesina o como complemento de la renta que adquirían los labradores en sus pequeñas parcelas, ya fuesen en régimen de aparecería o no, o trabajando en las de grandes propietarios como jornaleros.
Una de las consecuencias sociales más importantes fue la emigración, que no tuvo muy mala acogida por parte de los gobiernos de la Restauración. Esto era como consecuencia de que emigración era sinónimo de malestar y, por tanto, que una tentativa de amotinamiento o rebelión se esfumara era un peligro que desaparecía. No obstante, esto no significaba que los poderes públicos no intentaran corregir esta difícil coyuntura que la administración isabelina había fomentado. De hecho, se propusieron políticas de colonización que, sin embargo, no salieron adelante porque entraron en conflicto con muchos de los intereses económicos de los dirigentes que debían adoptar tales reformas. La modificación de la estructura predominante en la tenencia de la tierra y su relación con el fenómeno latifundista era un tema tabú para muchos políticos; una realidad intocable y a la que, sin duda, había que defender con uno de los mejores aliados que tenía la autoridad a la hora de hacer frente al desafío del orden público durante gran parte del siglo XIX: el máuser. A pesar de ello, mientras la alternativa de la emigración se mantuvo, las ideas revolucionarias propiciadas por las tesis anarquistas o socialistas no contaron con un apoyo mayoritario, al menos en lo que concierne a la mayor parte de la etapa de la Restauración con algunas excepciones muy notables en sus etapas finales (véase Trienio Bolchevique).
Las circunstancias cambiaron radicalmente cuando los efectos de la Gran Depresión empezaron a afectar al viejo continente: mucha de la mano de obra que emigró a Francia o a otros países europeos o americanos, al quedarse sin empleo, decidió retornar a su país de origen. Estos nuevos demandantes de empleo, que habían regresado junto a los ideales, mucho más evolucionados y asentados que en España, de organización obrera que habían aprendido en sus países de acogida se mostraron proclives a expandir sus ideas a otros correligionarios que no dudaron en afiliarse en masa a sindicatos obreros, e, incluso, a reconstruirlos, lo que puso en jaque, o al menos en cuestión, al paternalismo que había imperado hasta ese momento en los pueblos y en las relaciones laborales en el campo. Incentivó una mayor sindicalización y puso de manifiesto la antesala de una conflictividad obrera que, alimentada por la revolución de las expectativas que trajo consigo la llegada de la II República, no había tenido precedentes en la historia de España.
Entre las matizaciones o críticas que, según mi criterio, más sobresalen del libro, dos son las que me más me han llamado la atención. La primera, relativa a Juan Díaz del Moral; y la segunda, a la obra de Edward E. Malefakis. Respecto al primero, uno de los promotores de la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 9 de septiembre de 1932 y autor de publicaciones tan relevantes como Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (1929) o Las reformas agrarias europeas de la posguerra (1967), fue muy partidario de instaurar una reforma estructural del sector agrícola en la España de la II República. Pero para Díaz del Moral la importancia no radicaba tanto en la extensión de la propiedad, sino en los rendimientos de las tierras y en el mayor o menor incremento del número de hectáreas que podían ganarse a los terrenos incultos. Sin embargo, y a pesar de que el autor considera que muchas de sus ideas fueron heterodoxas, se pregunta cómo es posible que hubiese tantas protestas durante el Trienio Bolchevique si realmente, como defendía Díaz del Moral, la pequeña propiedad estuvo tan extendida (sobre todo para el caso de la provincia de Córdoba). Ricardo Robledo desmiente tales teorías y afirma que en 1919 «el 60% de la superficie de la provincia de Córdoba pertenecía a 864 propietarios» (Robledo, 2022: 55).
No contento con esto, describe que, incluso teniendo en cuenta que la pequeña propiedad se extendió durante la etapas finales de la Restauración, esta se limitaba a arrendatarios que habían acumulado capital como consecuencia de las ganancias extraordinarias derivadas de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Los ahorros de capital, ante la ventaja comparativa del precio de los productos y la renta que abonaban a los propietarios de las tierras, permitieron la adquisición de tierras a algunos arrendatarios o colonos que, por otro lado, solo sirvieron de aliciente para contraer créditos y conseguir el acceso a la compra de tierras, por lo que realmente se convirtieron en «hipotecados» más que en nuevos pequeños propietarios (Robledo, 2022,: 49-50).
En lo referente a Edward. E Malefakis, el autor abre un epígrafe entero bajo la siguiente denominación: «el error Malefakis». Y es que, hasta prácticamente la actualidad, la tesis del historiador e hispanista estadounidense ha sido repetida y parafraseada de forma incansable por la historiografía: el principal error de la Ley de Bases de la Reforma Agraria habría recaído en el intento de ser aplicada en el conjunto del territorio nacional. Esto, a su vez, habría provocado que el gobierno se labrase la hostilidad de muchos pequeños y medianos propietarios. Además, la reforma, si bien se ajustaba a unos requisitos expropiatorios moderados, afectó, supuestamente, a grandes superficies cultivadas mediante el sistema de arriendo en zonas donde no era necesario llevar a cabo una reforma de estas características. La extensión de la Ley a amplios sectores de la pequeña y mediana propiedad provocó que el IRA, el organismo al que se le encomendó la gestión y la aplicación de las disposiciones de la Ley, tuviera que hacerse cargo de la administración de 900.000 fincas, cuando con unas 30.000 o 40.000 hubieran sido suficientes. De ser 20.469 el número de propietarios que se vieron afectados en un principio se pasó a al cifra de 79.554 propietarios.
Sin embargo, Ricardo Robledo sostiene que lo verdaderamente importante es conocer qué se entiende por «pequeño propietario». En este sentido, sostiene que el hecho de que seis provincias, generalmente asociadas a zonas de explotación tradicionalmente minifundista, como son Valladolid, Segovia, Salamanca, Navarra, Burgos o Ávila, proporcionase casi el 50% de todas las fincas susceptibles de ser expropiables no significaba que la pequeña propiedad fuese la más afectada de la reforma, principalmente porque «cerca de medio millón de fincas de estas provincias pertenecía a unos 12.600 propietarios» (Robledo, 2022: 127).
En realidad, el principal error de la reforma agraria fue su propia contradicción originaria. Una reforma que necesitaba de mucha financiación apenas tuvo un presupuesto anual de 50 millones de pesetas, lo que contrasta seriamente con su propio cometido: la expropiación con indemnización. De hecho, Malefakis ya percibió que se hubiesen necesitado, al menos, entre 600 y 700 millones de pesetas para que la reforma agraria hubiese tenido éxito (Malefakis, 1970: 220). Un dato mucho más demoledor es el que proporcionó Macarro Vera solo para el caso de la provincia de Cádiz, en la que habría sido preciso destinar un presupuesto de 775 a 850 millones, un porcentaje muy elevado del presupuesto anual del Estado (Macarro Vera, 2000: p. 430). Es por esto por lo que, aprovechando el castigo que se impuso a los Grandes de España por su participación en el intento fallido de golpe de Estado que llevó a cabo el general Sanjurjo en agosto de 1932, se decidió expropiar sin indemnización las propiedades de aproximadamente 65 Grandes de Espala, lo que dejó libres unas 570.000 hectáreas. Sin embargo, esto no fue efectivo porque lo importante no solo residía en asentar a los campesinos en tierras de cultivo, sino también dotarles de los instrumentos e inversiones necesarias para que emprendieran su trabajo de la forma más productiva y óptima posible.
Un último aspecto a tener en cuenta, es que, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, una cosa era aprobar la ley y otra muy diferente era su aplicación. En este sentido, los conflictos sociolaborales, desarrollados de forma magistral en la última parte del libro, no solo fueron fruto de una mayor explosión de expectativas y de esperanzas de una población que, con la llegada de la II República, consiguió ser partícipe de la realidad política y social del país, sino que se produjeron como consecuencia de la lentitud en la aplicación de una reforma para la que realmente no se concibieron los medios necesarios y por el incumplimiento que profesaban, a veces en complacencia con las autoridades locales, los grandes latifundistas, que eran los que, en última instancia, ofrecían trabajo y controlaban las relaciones laborales al margen de los Jurados Mixtos.
Lo que opinamos en Archivos de la Historia
Al emprender la lectura de un libro siempre puede ocurrir que nos hagamos las mismas preguntas: ¿tendré la base suficiente como para entender o captar lo que el autor quiere transmitir? ¿Se plasmará un aluvión de ideas o conceptos sin un desarrollo explicativo que permita su entendimiento? ¿Se dará por sentado que el lector conoce o cuenta con los elementos o criterios necesarios que permitan comprender las tesis que extrae el autor de un determinado estudio?
Bien, desde mi punto de vista, esta obra rompe con estas problemáticas, ya que el autor no solo realiza un desarrollo explicativo ameno y sin demasiados tecnicismos, sino que, además, recoge un glosario de términos y conceptos historiográficos que permite asentar y aclarar una más que relevante información a lo largo de toda la lectura. Por si fuera poco, la obra cuenta con 47 cuadros, 15 gráficos, 13 mapas y todo un capítulo independiente de apéndices que también permiten una mayor comprensión acerca de las complejas dinámicas sociopolíticas que acompañan a los antecedentes, los debates suscitados en torno a la tenencia de la tierra, el proceso legislativo y su aplicación, así como la cuestión del orden público (sobre todo durante el periodo republicano) desde finales del siglo XIX hasta más allá del periodo de la II República. Asimismo, cuenta con una más que generosa cronología que permite ubicar y ordenar mentalmente todo el entramado de decretos y leyes que se fueron promulgando sobre la cuestión agraria y los principales acontecimientos políticos del régimen republicano. Del mismo modo, se ha de destacar su gran repertorio bibliográfico: cuenta con más de 760 notas y una selección de más de 90 obras y artículos de revista.
Entonces, ¿lo recomendamos?
Desde Archivos de la Historia no podemos sino recomendar encarecidamente la lectura de este magnífico trabajo de investigación a todo aquel que esté interesado en la historia reciente de nuestro país. Creo, sinceramente, que estamos ante una las obras de investigación más completas y elaboradas de este año. No sé si realmente, como ha dicho Paul Preston, estamos ante un libro que ha superado, por fin, las aportaciones de Edward E. Malefakis, pero sin duda es un libro que ha permitido actualizar y llenar un vacío en la historiografía. Una gran noticia, esencialmente por tratar sobre uno de los temas más complejos y determinantes del siglo XX en nuestro país. Por este motivo, y con la mayor certeza de ello, considero que las futuras generaciones de historiadores, profesores e investigadores estarán muy agradecidas con el trabajo que ha realizado el profesor Ricardo Robledo.
[1] Desde aquí mi denuncia al hecho de que unos fondos tan relevantes, como son los relacionados con el Instituto de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización, entre otros, no hayan sido transferidos a la sede del Archivo Central de Agricultura, Pesca y Alimentación con sede en Madrid. En efecto, este tipo de fondos solo pueden ser consultados en el centro de Capacitación Nacional Agraria en el que, si no ha cambiado, solamente se podía, tras solicitar cita previa, acceder los miércoles, momento en que los técnicos del Archivo Central se desplazan al citado organismo para atender a los usuarios que requerían examinar la documentación. Por si fuera poco, el acceso al recinto está condicionado a una pésima comunicación con el exterior que obliga a los usuarios a trasladarse en vehículo particular o taxi (su ubicación se encuentra entre los municipios madrileños de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, concretamente en una Finca denominada “El Palomar”, en el Camino de la Vega s/n, muy próxima a varias instalaciones de Repsol e ITV).
Anterior reseña del autor: 1917. El Estado catalán y el soviet español de Roberto Villa García.
Foto de portada: reportaje realizado por la revista Estampa sobre una colectividad de la región de Extremadura en septiembre de 1936. Véase Estampa (Madrid, 1928) de 5 de septiembre de 1936, p. 16 (disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España).
Bibliografía:
MACARRO VERA, José Manuel: Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, secretariado de publicaciones: Sevilla, 2000.
MALEFAKIS, Edward E.: Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain: Origins of the Civil War, Yale Uiversity Press: London, 1970.
ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo: La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto. España: 1900 – 1950. Pasado & Presente: Barcelona, 2022.
