En marzo de 2017, la editorial Espasa publicaba un libro que muy pronto se convirtió en el centro de atención de gran parte de la prensa española. Asimismo, tuvo una fuerte acogida entre el público y fue objeto de grandes debates. No obstante, también se situó en el foco de polémicas políticas que fueron impulsadas por una parte de la historiografía española, y que se han mantenido hasta nuestros días. No es de extrañar esta situación si prestamos atención al título —«fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular»—, ya que es muy sugerente y puede herir las sensibilidades de aquellas ideologías fuertemente asentadas en la ortodoxia de signo izquierdista.
En este sentido, no fueron pocas las reseñas que catalogaban la obra como un mero relato revisionista anclado en tesis y proclamas de un sesgo ideológico muy conservador, que recuperaba «argumentos deslegitimadores de hace ochenta años», o «que minusvaloraba las aportaciones historiográficas de los últimos cincuenta» (González Calleja y Sánchez Pérez, 2018: 875). A continuación, pretendo abordar un comentario de esta obra que no solo permita conocer las principales aportaciones del libro, sino también desmentir este tipo de consideraciones que, desde mi punto de vista, no son más que discursos que tendrían la intención de desvirtuar una más que legítima interpretación sobre uno de los episodios más trascendentales de la Segunda República: las elecciones generales de febrero de 1936.
Contamos con varios artículos sobre la Segunda República que puedes consultar aquí y aquí.
Ficha técnica
- Título: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.
- Autores: Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.
- Género: Historia electoral y violencia política durante la Segunda República española.
- Nº de páginas: 623
- ISBN: 9788467054736
- Año: 2017
- Editorial: Espasa
- Puedes adquirirlo en la página oficial de Espasa
- Primeras páginas e índice
Los autores
Antes de adentrarme a valorar el contenido del libro considero necesaria una breve referencia a los autores de la obra. Manuel Álvarez Tardío es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es coautor y ha dirigido o coordinado varios libros entre los que destaco los siguientes: Nuevos estudios sobre la cultura política en la II República española (1931-1936); El laberinto republicano: la democracia española y sus enemigos (1931-1936); Políticas del odio: violencia y crisis en las democracias de entreguerras; y, mucho más reciente y publicado por Galaxia Gutenberg, Vidas truncadas. Historias de violencia en la España de 1936.
Por otra parte, Roberto Villa García es profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado una decena de libros y numerosos artículos sobre partidos, elecciones, violencia política y crisis de la democracia en la España y la Europa contemporáneas. Sus monografías más destacadas son las siguientes: La República en las urnas. El despertar de la democracia en España; España en las urnas. Una historia electoral (1810-2015); Lerroux. La República liberal; y su nuevo libro, 1917. El Estado catalán y el soviet español, que también ha sido publicado por la editorial Espasa.
Lo que opinamos en una parte de Archivos de la Historia
Lo primero que he de decir es que, a lo largo de sus más de 600 páginas, no detecto ningún tipo de sesgo ideológico, es más, considero que, en medida de lo posible, son objetivos y emplean una enorme cantidad de fuentes primarias que no se limitan a una ya de por sí abrumadora cantidad de referencias hemerográficas, sino que también recurren a una ingente documentación archivística procedente de diversas instituciones nacionales e internacionales. Además, exponen un amplio listado de fuentes secundarias de diferentes épocas y tendencias que rompe radicalmente con la errónea creencia de que habrían obviado gran parte de la literatura confeccionada en el último medio siglo. En el mismo orden de ideas, sostienen que con su investigación, —y creo que quien se anime a leer el libro lo percibirá sin ningún tipo de problema—, han querido alejarse de los tópicos «guerracivilistas», y que en ningún momento pretenden con ella animar arduas polémicas políticas que conlleven o tengan inserto un discurso que cuestione la legitimidad del régimen republicano o el gobierno del Frente Popular.
Teniendo esto en cuenta y desde mi más sincero criterio, en las próximas líneas voy a comentar de la forma más resumida posible las principales aportaciones del libro, esencialmente aquellas que considero que desmienten varias de las afirmaciones críticas que se realizaron sobre el mismo y que solo han influido en la captación de la polémica frente al debate más puramente académico y divulgativo.
Hacia la disolución de las Cortes
En diciembre de 1935, los escándalos de corrupción salpican de lleno al dirigente del Partido Radical Alejandro Lerroux. Este se ve obligado a dimitir y el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se encontró en una posición difícil. Se negaba a conceder la presidencia al partido con más representación, es decir, a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil Robles porque pensaba que no era republicano y pondría en riesgo al conjunto del sistema. La Constitución, además, permitía obrar de esta manera, por lo que hasta se podían formar gobiernos independientes o de líderes correspondientes a pequeñas minorías. Por lo tanto, Alcalá-Zamora acabó imponiendo un gobierno centrista como el de Lerroux, pero con el objetivo en mente de que este buscara apoyarse en la izquierda en vez de en la CEDA. La solución vino de la mano de Manuel Portela Valladares, que fue elegido presidente del Consejo de Ministros el 14 de diciembre. Dado que esta decisión fue considerada por los cedistas como un acto de traición, Portela se vio obligado a gobernar con las Cortes cerradas, ya que la CEDA no asistía a las sesiones y eso bloqueaba cualquier intento del Ejecutivo de implementar reformas porque no podía contar con el respaldo del Legislativo. Ante este panorama, Portela se ve obligado a elaborar un decreto por el que disolvía las Cortes y convocaba elecciones generales para el 16 de febrero. Esta medida, que anunció el 7 de enero, se la transmitió a Alcalá-Zamora, quien procedió a su ratificación.
El sistema electoral de la Segunda República
La ley electoral de la Segunda República, en gran parte heredera de la de 1907, establecía el sufragio universal masculino y femenino a partir de los 23 años. Asimismo, la Constitución establecía un sistema legislativo unicameral (Congreso de los Diputados) conformado por 473 escaños (a partir de los 237 escaños se lograba la mayoría absoluta) que se repartían en cada provincia a razón de un escaño por cada 50.000 habitantes. Cada provincia funcionaba como una circunscripción, pero concretamente había 52 de carácter provincial y 8 urbanas (aquellas capitales de provincia que tuvieran una población superior a 150.000 habitantes formaban una circunscripción independiente a la de su provincia). En resumen, estaba establecido un sistema mayoritario con voto limitado en el que el elector elegía en cada circunscripción a un número menor de candidatos que escaños en juego (por ejemplo, si en una circunscripción le correspondía repartir 20 escaños, el votante solo podía elegir a 16 candidatos). No se votaban listas cerradas de partido, sino que cada ciudadano podía escoger los candidatos de su preferencia, cuyo nombre completo debía figurar en la papeleta (como ocurre hoy día con nuestras elecciones al Senado).
Por otro lado, existían varias normas electorales en las que se establecía que para poder ser diputado, se necesitaba, al menos, el 20% de los votos emitidos en la circunscripción; que como mínimo uno de los candidatos superase el 40% de los votos emitidos (en caso contrario, la elección no era válida y se debía efectuar una segunda vuelta, por lo que estimulaba la formación de coaliciones electorales, ya que si un candidato ganaba pero no llegaba al 40%, los partidos que iban perdiendo podían ponerse de acuerdo, unirse y llegar a ese umbral para arrebatarle la victoria); por otra parte, si se cumplía el umbral del 40%, pero no todos los escaños restantes eran cubiertos por candidatos que sobrepasaran el 20% de los votos emitidos, esos escaños debían decidirse en una segunda vuelta; por último, la segunda vuelta electoral se efectuaba a las dos semanas de haberse celebrado la primera vuelta, y a ella solo podían presentarse los candidatos que hubieran logrado sobrepasar el 8% de los votos emitidos en la primera vuelta. En todo caso, si ninguno cumplía con ese requisito, podían participar en la segunda vuelta quien quisiera.
El principal problema de la ley electoral es que configuraba una gran desproporción entre los llamados cupos de la mayoría y de la minoría, es decir, entre una candidatura que ganara y otra quedase segunda. El problema era que la candidatura vencedora (cupo de las mayorías) se llevaba siempre entre el 67 y el 80% de los escaños de una determinada circunscripción, mientras que el resto de los escaños era para la segunda fuerza más votada (cupo de las minorías); y los demás, independientemente de su fuerza, se quedaban sin representación. Siguiendo este criterio, por ejemplo, en circunscripciones como Barcelona capital, al ganador le correspondían 16 escaños, pero a la minoría tan solo 4. Esta falta de equilibrio en el reparto de escaños y entre las propias circunscripciones hacía que la capacidad de movilización de los principales coaliciones electorales resultara fundamental para hacerse con el cupo de las mayorías en aquellas que más escaños repartían.
Una tensa campaña electoral
La campaña electoral que se desarrolló principalmente en el mes de enero y parte de febrero estuvo envuelta en un clima de hostilidad alarmante. Estuvo protagonizada mayoritariamente por los simpatizantes, candidatos y dirigentes de los principales partidos del Frente Popular que no dudaban en catalogar a los adversarios políticos como a enemigos que había que eliminar. Concretamente, la instrumentalización y la estrategia temporal adoptada por socialistas y comunistas había permitido formalizar una coalición electoral con los republicanos de izquierdas. Sin embargo, esto no impidió la proliferación de discursos independientes en los que los primeros manifestaban abiertamente la necesidad de vengarse de aquellos, —los dirigentes del segundo bienio—, que habían llevado a cabo una fuerte represión contra los insurgentes obreros —considerados «héroes» por los socialistas y los comunistas— que se levantaron en armas contra el gobierno radical-cedista durante la famosa Revolución de Octubre de 1934. Es por este motivo por el que también los simpatizantes del Frente Popular van a exigir continuamente la puesta en libertad de los presos relacionados con los actos de la insurgencia y, en definitiva, la amnistía, que fue, por otra parte, un elemento de vital importancia en la constitución de la coalición electoral. Ante esta situación, el Bloque Antirrevolucionario —mucho más dividido que el Frente Popular como consecuencia de las desavenencias existentes entre los principales líderes conservadores— y la Iglesia mostraban su inquietud ante lo que consideraban una lucha por su propia supervivencia. En definitiva, y como indican los autores, las elecciones se convirtieron en una especie de juego de suma cero.
En este ambiente de polarización —que no es ajeno a la realidad sociopolítica que vivían otros países europeos— la violencia política fue frecuente, hasta el punto de que los autores apuntan que se habían cometido más de 480 actos violentos que derivaron en enfrentamientos entre los que se incluían choques entre propagandistas, agresiones a periodistas, secuestros, atentados a líderes políticos, asaltos a sedes de partidos, etc. Entre principios de enero y mediados de febrero de 1936, se produjeron más de un centenar de víctimas entre muertos y heridos; a estos, habría que sumar las más de setenta víctimas entre muertos y heridos que se produjeron entre el 20 de febrero y el 1 de marzo. En esta última fecha fue cuando se estableció la celebración de la segunda vuelta electoral en todas aquellas circunscripciones donde fuera necesario realizarla.
Respecto al inicio de las agresiones, los investigadores defienden que de los datos disponibles, más de medio centenar de agresiones, en más de treinta ocasiones la iniciativa partía de individuos relacionados con la izquierda política, principalmente de afiliación socialista o comunista enfocada a privar a los cedistas de difundir o insertar su propaganda electoral en las calles. Los demás correspondían a presiones falangistas y, en menor medida, a cedistas, monárquicos y tradicionalistas. Uno de los mitos más extendidos es que la policía habría actuado sin imparcialidad y siempre en contra de las pretensiones o intereses electorales de la izquierda, es decir, que habrían mantenido una represión sistemática y «de clase». No obstante y según los autores, esto no fue así, al menos no de forma generalizada, ya que «los datos revelan […] que los muertos y los heridos graves causados por policías fueron uno de cada diez. Y en un 80% de los casos todo indica que hubo algún tipo de agresión previa a los agentes o que estos intervinieron cuando ya se había desencadenado la violencia». Con todo, los autores defienden que «la violencia electoral estorbó, pero no impidió, la competición democrática».
Unas elecciones violentas: la dimisión de Portela y el mito del golpe de Estado
Los colegios electorales se abrieron el domingo 16 de febrero a las siete de la mañana, donde se encontraban presentes los presidentes, los miembros de las mesas electorales, los adjuntos y los interventores. Los electores podían acudir a las mesas y para ejercer su derecho al voto debían pronunciar en voz alta su nombre completo. Si estaba en el censo y había unanimidad entre los miembros de la mesa, podía votar. Aun así, el presidente o los miembros dela mesa podían solicitar alguna prueba documental que demostrara la identidad de los individuos. En este caso, el elector podía entregar la cédula de Haciendo o cualquier otro documento para demostrar su identidad. Si no lo tenía o no se aceptaba, las dudas sobre su identidad se resolvían al final de la jornada electoral, al cerrarse los colegios, y el elector, si no había indicios en contra, podía ejercer su derecho al voto antes de que lo hicieran los miembros de la mesa. El elector entregaba su papeleta doblada al presidente, quien la introducía en una urna transparente. Este proceso se repetiría durante las 8 horas que duró la jornada electoral, concretamente hasta las 16:00 h de la tarde, momento en que se cerraron los colegios, salvo para aquellas personas que seguían en las colas esperando su turno.
Tras el cierre de los colegios, comenzaba el recuento de los votos, que se encargaban de presidir tanto los presidentes de las mesas como los adjuntos. Las papeletas eran extraídas de la urna y contadas una a una por el propio presidente, que debía leer en voz alta los nombres de los candidatos que aparecían en cada papeleta, mostrándola a continuación a los demás miembros de la mesa y a los interventores. Este proceso solía durar varias horas, pues el elevado número de candidatos hacía el escrutinio muy lento, pesado y dificultoso. Por otra parte es totalmente normal si tenemos en cuenta que los medios de los que se disponía en los años treinta eran mucho más limitados que ahora.
Finalizado el escrutinio, el presidente anunciaba en voz alta el resultado y, con el auxilio de los adjuntos, rellenaba el acta de escrutinio por triplicado: allí debía constar el número de electores que habían votado y los sufragios de cada candidato. Una copia era fijada en la parte exterior del edificio donde se hubiera celebrado la votación, para darle publicidad. Las otras dos eran enviadas a la Junta Central y a la Junta Provincial del Censo, respectivamente, junto con sendas copias del acta de constitución de la mesa y de la lista de votantes. Para ello, el presidente de la mesa, acompañado por los interventores, y, en su defecto, por los adjuntos, debía personarse en la estafeta de Correos más próxima y depositar allí la documentación.
El administrador postal estaba obligado a emitir un recibo donde constara el día y la hora de entrega, y a enviarla de inmediato a su destino. La documentación expuesta al público debía ser depositada, posteriormente, en la secretaría de la junta Municipal del Censo y archivada en el ayuntamiento. No obstante, en las capitales de provincia bastaba con que el presidente de la mesa entregara la documentación en la Audiencia Territorial, sede de la Junta provincial del Censo, sin necesidad de remitirla por correo. Asimismo, el presidente y los adjuntos estaban obligados, también, a expedir certificados de las actas de constitución de la mesa, de la sesión y del escrutinio a los interventores que lo solicitaran. Finalmente, las papeletas eran quemadas, excepto las que hubieran suscitado protestas, que quedaban anejas a la documentación electoral, a disposición de la Comisión de Actas del Congreso.
Según las declaraciones de algunos periódicos, la jornada electoral había transcurrido con escasas violencias y episodios esporádicos de alteración del orden público. Si esto fue así fue porque el gobierno Portela instauró un dispositivo policial que los autores califican de histórico. A pesar de de ello, el ambiente estaba muy caldeado, principalmente porque las declaraciones y los comunicados de varios dirigentes comunistas, principalmente José Díaz, apelaban a la «acción de las masas» durante el recuento de los votos para evitar que el «fascismo» se alzara con la victoria. Asimismo, consideraba al despliegue policial no como un mecanismo de seguridad ciudadana, sino como una estratagema con la que convertir en derrota un triunfo electoral del Frente Popular que ya daba por seguro.
Declaraciones de estas características fueron numerosos en muchos órganos de prensa socialista y comunista, lo que no hizo sino aumentar la confusión e instaurar un ambiente de máxima tensión que pone en cuestión la idea de que fueran simples incidentes menores. De hecho, los autores demuestran que se produjeron numerosos episodios de violencia a lo largo de toda la geografía española que estuvieron acompañados de roturas de urnas, choques entre simpatizantes de las diversas candidaturas y asaltos a sedes de partidos políticos. Estos dramáticos acontecimientos ocasionaron varios muertos y heridos en Madrid, Sevilla, Córdoba, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Toledo y Zaragoza.
No obstante, la situación explosionó de forma radical cuando a las 22:00 h del 16 un comunicado de Portela transmitió que la situación se mantenía sin cambios de relevancia y que se seguían esperando los resultados del recuento. Sin embargo, añadió que tanto en Barcelona capital y en otras tres circunscripciones de la región catalana el triunfo de las izquierdas podía darse por descontado. Las consecuencias de estas declaraciones causaron un estallido de euforia que derivaron en concentraciones izquierdistas que provocaron graves altercados que se extendieron por todo el país, sobre todo en Madrid y Barcelona. Dada la situación y ante el temor de desórdenes públicos, el Gobierno desplegó a los Guardias de Asalto, que simularon varias cargas.
Las manifestaciones en Madrid proclamaban el triunfo del Frente popular al grito de «¡Han triunfado las izquierdas! ¡Ya se acabaron las persecuciones! ¡Viva la República! ¡Viva el proletariado!», pero era evidente que todavía la noche del 16, la composición definitiva de las Cortes estaba más que en al aire. El resultado, si bien ajustado en algunas circunscripciones, era todavía una incógnita en la mayoría de ellas. En esas circunstancias y en palabras de los autores, «la gestión del orden público era capital para asegurar un recuento tranquilo». Las manifestaciones que se estaban formando ante la incapacidad de los gobernadores para disolverlas suponía, a ojos de los principales dirigentes conservadores, un ambiente de «coacción» que podía influir negativamente en el recuento. Ante esta situación, Gil-Robles decidió reunirse con Portela para que declarase el «estado de guerra» para evitar que la presión frentepopulista impidiera un recuento imparcial.
Según los autores, «el estado de guerra no implicaba en absoluto un golpe de Estado: de hecho, la ley marcial había sido aplicada durante la Segunda República sin que impidiera el retorno a la normalidad constitucional». Otra parte de la historiografía española (González Calleja, 2011) sí que considera que fue un golpe de Estado porque Gil-Robles habría actuado por su propia cuenta, poniéndose en contacto con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, que en ese momento era el general Franco, al margen del gobierno Portela para, de esta manera, impedir el acceso del Frente Popular al poder. Sin embargo, cuando este recibió el comunicado del líder cedista se puso inmediatamente en contacto con el ministro de la Guerra, el general Molero, que le comunicó que llevaría el asunto a debate en la reunión Consejo de Ministros que se celebraba el 17 de febrero. En general, Villa García y Álvarez Tardío consideran que Gil-Robles y Franco no tenían intenciones de dar un golpe de Estado, sino que manifestaban la necesidad imperante de aplicar un recurso constitucional para asegurar el mantenimiento del orden público mientras durase el escrutinio y evitar, de este modo, que el recuento se viera coartado.
A lo largo de la jornada del 17, la manifestaciones se generalizaron por todo el país. Muchas de ellas fueron pacíficas, pero otras fueron instrumentalizadas por grupos radicalizados que exigían la dimisión de Portela, la formación de un nuevo Ejecutivo que decretara la apertura de las cárceles para indultar a los presos relacionados con la represión de Octubre y aplicase el programa del Frente Popular. Las movilizaciones, a su vez, se basaban en el supuesto de una victoria completa del Frente Popular, que se daba por hecho sin serlo, y que se quería certificar mediante gritos y movilizaciones y no con los resultados del recuento. «Lo contrario se consideraba un latrocinio perpetrado por las derechas». Por otro lado, el citado día fue especialmente violento con varios fallecidos y heridos en provincias como Valencia, Murcia, Santander, Vizcaya, Las Palmas, Cáceres o Zaragoza; asimismo, se produjeron numerosos motines dentro de las cárceles protagonizados por presos revolucionarios y a los que se sumaron presos comunes. Por último, se sucedieron numerosos choques entre izquierdistas y las fuerzas del orden, así como entre falangistas y policías; y se incendiaron templos en las provincias de Madrid, Santander y Valencia.
En otro orden de ideas, el Consejo de Ministros discutió sobre la aplicación del estado de guerra que había propuesto el ministro de Guerra, el general Molero. No obstante, Portela, aunque lo tuvo en consideración y no lo descartaba si la situación empeoraba, prefirió ser más moderado y limitarse a aplicar el «estado de alarma», lo que implicaba la suspensión de la garantías constitucionales, incluidos los derechos de reunión y manifestación. Entre tanto, la izquierda obrera y sus principales dirigentes aprovecharon para capitanear la movilización de sus simpatizantes y, aprovechando el victimismo por los muertos y heridos que pudieron haberse generado por los choques con la policía, comenzaron a exigir concesiones al gobierno de Portela. El presidente, en efecto, se comprometió a reabrir las Casas del pueblo y empezar a poner en libertad a los presos cuya situación estuviera ligada los hechos de Octubre. Sin embargo, lejos de calmar a las masas, estas, esgrimieron panfletos y proclamas exigiendo la amnistía, la readmisión de los represaliados a sus puestos de trabajo y la formación inmediata de un gobierno dirigido por el Frente Popular.
Portela trató de desalentar varias concentraciones en Madrid, concretamente en la puerta del Sol, reabriendo la Casa del Pueblo y solicitando del Tribunal Supremo que decretara la excarcelación de varios dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de las Juventudes Socialistas. No obstante, en vez de apaciguar la exacerbación popular, lo que consiguió fue que el éxito de las reclamaciones populares se convirtiera en un mecanismo para lograr cada vez más y más concesiones. Por su parte, las derechas, sobre todo Gil-Robles, manifestaba abiertamente su preocupación: se negaba a hablar de resultados mientras no se conocieran los datos electorales y, por ello, no «había más Gobierno que el del señor Portela», que debía mantenerse en su puesto hasta que las Cortes estuvieran constituidas» y resolver el problema del orden público.
El 18 de febrero los desórdenes bajaron en intensidad, pero no desaparecieron. De hecho, se asaltaron numerosos ayuntamientos y continuaron los asaltos y las quemas de templos o el derribo de cruces que estuvieron acompañadas de manifestaciones, altercados y choques violentos entre los simpatizantes de las diferentes candidaturas. Además, comenzó a extenderse el rumor de que el Ejército planeaba una insurrección militar para garantizar el orden público. Si bien fue rápidamente desmentido por el ministro de Guerra Velero, la gran marea de incidentes públicos llevaron finalmente a Portela a tomar la decisión de dimitir, que fue presentada la tarde del 19 de febrero ante el Palacio Nacional, sede del Presidente de la República.
Ratificada la dimisión, Alcalá-Zamora no tuvo dudas en señalar a Manuel Azaña como la «única solución posible» para calmar a las masas izquierdistas y socialistas e intentar detener los desórdenes públicos. Se debe tener en cuenta que los sectores de centro-derecha, incluida la CEDA, apoyaron la solución del nombramiento de Azaña para templar el radicalismo de la izquierda obrera. Sin embargo, la llegada al poder de Azaña fue interpretada como la puerta abierta a un cambio rápido de los ayuntamientos y la amnistía, es decir, el cambio de gobierno no propició la desmovilización de los extremistas, que exigirán la amnistía inmediata de los presos por octubre y la restitución de todos aquellos trabajadores públicos y obreros que habían sido despedidos por sus implicaciones en la Revolución de 1934. En definitiva, la marcha de Portela no tuvo el efecto de aquietar la violencia, es más, entre 19 de febrero y el 1 de marzo, que como se ha indicado era el día en que celebraba la segunda vuelta electoral, se produjeron numerosos asaltos y concentraciones cerca de los ayuntamientos de numerosas provincias; se asaltaron los sedes y periódicos conservadores; y se procedió, además, a una intensa violencia antirreligiosa que dio lugar a quemas de iglesias y edificios religiosos. Estos últimos actos en concreto, según los autores, «rara vez estuvieron ligados a agresiones directas a los miembros del clero».
Pero, mientras sucedía esto, ¿que estaba ocurriendo con el escrutinio?
¿Un fraude electoral generalizado?
González Calleja y Sánchez Pérez describen en una reseña que el libro «da la impresión de que […] pretendía buscar y denunciar un fraude masivo que nunca existió […]» (González Calleja y Sánchez Pérez, 2018: 875). Esta cita es, cuanto menos, sorprendente, ya que el libro no tiene por meta, ni mucho menos, esto, de hecho, no da ni la «impresión» porque los autores, a lo largo de la obra, puntualizan y matizan que el fraude electoral no fue de ninguna manera generalizado y que, si bien hubo, la cuestión no es tanto la cantidad sino más bien lo decisivo que este pudo o no ser en el reparto de escaños que configurarían la Cámara del Congreso de los Diputados de la República.
Asimismo, los autores sostienen que los episodios de fraude electoral se habían reducido, o al menos aquellos que estaban ligados con la intervención directa de las autoridades. La realidad era muy diferente a la del siglo XIX: en 1936, los partidos tenían una enorme capacidad de movilización, como sucedía en los casos de la CEDA o el PSOE, y, por ende, esto no facilitaba las manipulaciones del sufragio. En relación con esto, además, los contrapesos y garantías legales existentes en 1936 eran bastante amplias, ya que cualquier indicio de injerencia por parte de las autoridades se tenía que enfrentar a un nutrido grupo de interventores, apoderados y notarios presentes en todas las circunscripciones del país. Por último, se debe tener en cuenta que las instituciones que se encargaban de gestionar jerárquicamente el proceso electoral —Junta Municipal del Censo, Junta Provincial del Censo y Junta Central del Censo— funcionaban como entidades independientes de la autoridad gubernamental.
¿Quiere decir esto que no hubo injerencias por parte del gobierno de Portela para favorecer por medios fraudulentos su proyecto político centrista? No, es más, estas se produjeron de forma notable en los grandes feudos del portelismo: Pontevedra y Lugo. Fue en estas provincias donde las denuncias y las quejas contra el gobierno por el uso partidista de los recursos oficiales fueron muy notorias. No es mi intención relatar todos los detalles aquí, pero, por ejemplo, destacaban casos de algunos municipios en los que las autoridades locales, con la connivencia de los gobernadores, requisaban o impedían a otras candidaturas el empleo de vehículos para repartir propaganda electoral o celebrar actos durante la campaña.
Sin embargo, los casos de fraude electoral más destacados no tuvieron lugar el mismo día 16 de febrero, sino que estos se manifestaron como consecuencia del cambio de autoridades producido el 19, momento en que el que Azaña asumió la presidencia del nuevo Consejo de Ministros. Además, estos se insertarían en el contexto de gran agitación social existente en las calles: mientras el recuento continuaba numerosos manifestantes izquierdistas asaltaban las sedes de los gobernadores para obligarles a abandonar sus puestos y reemplazarlos por personalidades afines al Frente Popular. Ante esta situación, Azaña y su ministro de Gobernación tan solo se limitaron a ratificar a las nuevas autoridades. No obstante, esta no era la tónica general, ya que muchos otros gobernadores, ante la dimisión de Portela, decidieron dejar los cargos por sí mismos produciendo un vacío de poder que también va a ser aprovechado por los simpatizantes del Frente Popular para hacerse con el control de los Gobiernos Civiles.
Lo que hay que tener en cuenta es que el 20 de febrero daba comienzo el escrutinio oficial que se realizaba en las Juntas Provinciales del Censo. Estas estaban ubicadas en las Audiencias de las capitales de provincia del país. Por otro lado, eran regidas por el presidente de la propia Audiencia, y su composición respondía a una cierta representación corporativa. Así, incluía al rector de la Universidad o al director del instituto de Secundaria, en calidad de vicepresidente; a los decanos de los Colegios de Abogados y Notarios, a un representante de la Junta provincial de Reformas Sociales, al jefe provincial de Estadística y a otros diez vocales como máximos seleccionados de entre los presidentes de Cámaras o Sociedades Económicas, Ateneos o Liceos Culturales, patronales y Sindicatos, ordenadas según la antigüedad de la asociación. Eran, en total, dieciséis miembros, a lo más, con voz y voto, a los que se añadía el secretario de la Diputación provincial, un funcionario que custodiaba la documentación electoral y levantaba acta del escrutinio. La Junta debía constituirse a las diez de la mañana, con la asistencia al menos de la mitad más uno de sus miembros. Si no, la reunión se aplazaba a las dos de la tarde o al día inmediato, fuera cual fuese el número de asistentes.
La sesión de escrutinio era pública y debía celebrarse en la sala de la Audiencia, en la capital de cada provincia. Podía contar con la presencia de los candidatos o de un máximo de dos apoderados por cada uno de ellos. El secretario de la Junta comenzaba dando lectura a las disposiciones legales del acto y, a continuación, se escrutaba la documentación electoral. En el proceso debía comprobarse la integridad de los pliegos de todas las mesas y su sellado. Al abrirlos, se verificaba igualmente que las actas estuvieran completas y cumplieran con las formalidades de la ley antes de computar los votos obtenidos por cada candidato. Si en la documentación faltaba el acta de votación, con los resultados, la Junta podía suplirlo con las certificaciones que aportaran los candidatos y su apoderados. Si se presentaban dos formalmente correctas pero que reflejaran resultados contradictorios, los votos de esa mesa no se escrutaban, haciéndose constar en el acta de escrutinio la diferencia de votos entre ambas. Igualmente no se computaban las actas en que aparecieran mayor número de votos que de electores censados.
Durante las operaciones, los candidatos y sus representantes podían intercalar las protestas que consideraran convenientes, que debían incorporarse al acta de escrutinio. Pero las Juntas, más allá de los casos indicados, carecían de toda facultad para enmendar o anular resultados electorales. Debían siempre atenerse a los votos emitidos y computados por las mesas electorales. De ahí que no fuesen un organismo deliberativo, ni contaran con autonomía para interpretar las normas: esta competencia estaba reservada a las Cortes, concretamente a la Comisión de Actas.
Finalizado el recuento, el secretario leía en voz alta los resultados globales de la circunscripción. El presidente proclamaba diputados a los candidatos con mayor votación hasta completar el número de escaños, y les facilitaba las credenciales que debían presentar en el Congreso. Las Juntas podían no proclamar diputado a un candidato triunfante solo si su victoria dependía, exclusivamente, de las actas contradictorias o las que reflejaban mayor número de votos que de electores. En estos casos, las Cortes resolverían. Si ningún candidato sobrepasaba el 40% de los sufragios emitidos, se convocaba automáticamente la segunda vuelta. El acta de escrutinio debía enviarse a la Junta Central del Censo, y este órgano la remitía a las Cortes, antes de 24 horas, si presentaba protestas. El problema es que el recuento en esta fase del proceso electoral fue convulso:
En circunscripciones donde nadie discutió el triunfo de una u otra candidatura, el escrutinio se verificó con normalidad. En otras, sin embargo, la reunión de las Juntas coincidió con el clímax de la movilización de los partidarios del Frente popular y la existencia de autoridades provinciales interinas. Ambos factores afectaron a las sesiones del escrutinio, que en varias provincias fueron accidentadas y no anduvieron ayunas de una intimidación propiciatoria de irregularidades. Fue común que a los salones de las Audiencias acudieran grupos de afiliados o simpatizantes de los partidos de izquierdas, que jaleaban las intervenciones de sus candidatos y abucheaban o insultaban a sus rivales o a los miembros de las Juntas cuando no secundaban los intereses de su candidaturas, al mismo tiempo que muchedumbres desprendidas de las manifestaciones por la amnistía o la toma de los ayuntamientos se estacionaban a las puertas de los edificios (Álvarez Tardío y Villa García, 2017: 382 y 383).
Las palabras de los autores fueron la norma en las Juntas de Granada, Logroño, Toledo, Zaragoza, Cuenca y Orense, donde se produjeron acusaciones infundadas, insultos, así como irrupciones de muchedumbres armadas y manifestantes en las puertas de las Audiencias para abuchear los recuentos que no favorecían al Frente Popular. A pesar de todo, los autores consideran que «pese al ambiente de intimidación […] no hubo en las Juntas descritas cambios significativos en los resultados electores»; pero añaden: «distinto fue lo ocurrido en otras provincias. En algunas hubo aplazamientos o interrupciones ilegales del recuento […]. No es cierto que […] esto ocurriera en «las más», pero […] en varias circunscripciones, las irregularidades en el escrutinio oficial estaban [condicionando] los resultados».
Y es que en circunscripciones como La Coruña, Cáceres, Jaén, Valencia provincia, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, los recuentos oficiales estuvieron marcados por graves irregularidades. Estas fueron impulsadas, mayoritariamente, por las nuevas autoridades interinas del Frente Popular que, como en el caso de La Coruña, no tuvieron miramientos en secuestrar o interceptar a los carteros que llevaban las actas antes de que llegaran a las Juntas provinciales del Censo, y así poder sustituir aquellas que contenían los resultados reales por los que les interesaban. No es mi intención en estas líneas detallar todas las conductas fraudulentas que tuvieron lugar en estas provincias antes y durante el Recuento oficial, pero lo que resulta de vital importancia es que estos incidentes reglados «hurtaron los cupos de las mayorías a las derechas en Cáceres, La Coruña Y Santa Cruz de Tenerife, y cualquier posibilidad de obtenerlas en Jaén y Valencia provincia». En el caso concreto de Jaén, «los resultados aparecían con raspaduras destinadas a restar votos a la candidatura conservadora y dígitos añadidos a posteriori, o burdamente adulterados, con el propósito de añadir más votos de los reales a los candidatos del Frente Popular»; y en varios municipios, aparecieron resultados con más votos que votantes censados.
En el mismo orden de ideas, las autoridades portelistas de Pontevedra y Lugo, en colaboración con el Frente Popular, cometieron enormes irregularidades para garantizar el escaño de Portela y evitar, además, que las minorías recayeran en candidatos derechistas. Los portelistas pactaron con las izquierdas para que estos desviaran votos para asegurarles la elección mediante la facilitación de las minorías en algunas circunscripciones donde el Frente Popular tenía aseguradas las mayorías (esto fue el caso de las provincias de Badajoz, Sevilla, Cádiz, Pontevedra, Lugo o Murcia, entre otras). A cambio, los gobernadores retirarían a la fuerza pública, facilitando «coacciones» de las izquierdas, y hasta se produjeron modificaciones en algunos mandos de la fuerza pública a requerimiento de algunos de los candidatos del Frente Popular. En los tres primeros no hubo actos fraudulentos, ya que no era ilegal que los candidatos de una determinada candidatura animaran a parte de su electorado a votar por otra candidatura (en todo caso era deslealtad, que no ilegalidad). Sin embargo, en las demás circunscripciones sí que se presenciaron graves infracciones de la ley electoral. Sin entrar en detalles, los notarios atestiguaron actas de votación interceptadas para atribuir más votos a la candidatura gubernamental. Asimismo, denunciaron varias simulaciones de elecciones en varias mesas o colegios electorales que no se habían constituido, y que modificaron totalmente la distribución de escaños en estas provincias. A pesar de lo evidentes que fueron estos episodios de fraude y corrupción, los autores nos advierten de que esto no significa que haya que:
Atribuir a todas las actas obtenidas por las izquierdas después del 19 de febrero a la manipulación de los resultados. En realidad, estos fenómenos estuvieron circunscritos […] a determinadas provincias. Además, si en parte de ellas es posible reconstruir la verdadera distribución de escaños, en otras no existe medio de hacerlo. La trascendencia de estas manipulaciones tenía, en realidad, menos que ver con la cantidad, que con su capacidad de cantar los resultados a favor de unos de los dos bloques en un contexto de notable igualdad. Porque si pudiera ignorarse los sucedido a partir del 19 de febrero, podría afirmarse que las elecciones de 1936 se desarrollaron, en general, en términos de limpieza equiparables a las de 1933. En definitiva, no hay que atribuir a las elecciones del día 16, sino a […] los trastrueques de actas y el clima de intimidación, a veces de violencia abierta, sobre las Juntas, los cambios en el reparto de escaños de algunas provincias (Álvarez Tardío y Villa García, 2017: 408 y 409)
El 26 de febrero, la prensa pudo ofrecer resultados más o menos completos tomando los datos de la mayoría de las Juntas: incluyendo los escrutinios polémicos, el Frente Popular obtenía entre 256 y 259 escaños, mayoría absoluta, por entre 194 y 209 de las candidaturas de centro y derecha. Estos resultados fueron confirmados dos días después. No obstante, según la investigación de los autores, el fraude electoral que tuvo lugar en las circunscripciones apuntadas provocó que «el Frente Popular sumara un mínimo de 29 y un máximo de 33 escaños en la primera vuelta». Si estas alteraciones en el reparto de escaños no se hubiesen producido, los resultados de izquierdas y derechas habrían sido mucho más equilibrados: «entre 226 y 230 escaños los primeros, por entre 223 y 227 de los segundos, lo que hubiese «otorgado a la segunda vuelta una importancia capital».
En la segunda vuelta electoral se repartían 20 escaños de las circunscripciones donde fue necesario disputarla (Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya). Al margen de incidentes menores, las elecciones se celebraron el 1 de marzo con normalidad y no hubo alteraciones del voto que supusieran modificaciones decisivas en cuanto al reparto de escaños se refiere. El Frente Popular consiguió 8 escaños, mientras que el Bloque Antirrevolucionario lograría 5. En el hipotético caso de que el número de escaños se hubiese mantenido como el que indican los autores, el Frente Popular, tomando las estimaciones altas de 230 escaños, habría logrado también la mayoría absoluta; pero, en cambio, si tomáramos como ciertos los 226 escaños, no hubiesen alcanzado la mayoría absoluta y habrían necesitado de pactos. Esto último es lo que Portela quería para intentar privar del monopolio de la Cámara a las dos grandes coaliciones electorales.
En realidad, por tanto, lo que nos encontramos a finales de febrero, como se ha indicado, es que el Frente Popular consigue una abrumadora mayoría absoluta. Esta, por si fuera poco y debido al partidismo y a la monopolización de la que hizo gala el bloque popular durante los debates de la Comisión de Actas del Congreso, logrará, en un primer momento, 6 escaños más (efectos de las nulidades parciales de varios escaños de candidatos conservadores), a los que habrá que añadir otros 17 tras la polémica anulación de resultados que la mayoría impuso para las circunscripciones de Cuenca y Granada, donde se tuvieron que volver a repetir las elecciones a pesar de que las denuncias aportadas fuesen vagas y no perjudicaran, aun descontando los votos polémicos en favor de las derechas, las victorias electorales obtenidas en ambas provincias por las candidaturas conservadoras.
Más allá del escrutinio oficial: la Comisión de Actas del Congreso y el monopolio del Frente Popular
Las nuevas Cortes debían reunirse el 16 de marzo, justo un mes después de la primera vuelta. En este intervalo de un mes, bajo la supervisión del presidente de la Junta Central del Censo y del Oficial Mayor de las Cortes, se clasificaban las copias de la documentación electoral llegadas de todas las mesas del país, las acatas del escrutinio que remitían las Juntas provinciales y las credenciales de cada uno de los diputados proclamados (estas también las entregaban las Juntas Provinciales del Censo). Por otro lado, se recibía y custodiaba la documentación que aportaban los candidatos cuando comparecían ante la Junta central para protestar las elecciones. Esta se reunió el 5 de marzo para comunicar a las Cortes las actas del escrutinio no protestadas, y remitir al Congreso los expedientes de las impugnadas. De las 55 circunscripciones donde se proclamaron diputados en primera vuelta, 20 se convalidaron sin protestas y las otras con denuncias debían ser enjuiciadas por la Comisión de Actas del Congreso. Sin emabrgo, esto no quiere decir que
La denuncia siempre fuera indicio de ilegalidad. Quienes las promovían eran gentes con un interés particular que trascendía las consideraciones éticas. Si la derrota había sido ajustada y un nuevo recuento podía modificar el reparto de escaños, los perdedores impugnaban sistemáticamente la elección, y más si podían apelar a una mayoría parlamentaria afín, porque no eran jueces imparciales los que resolvían, sino sus propios compañeros. Obviamente, también hubo denuncias verosímiles y hasta bien fundadas, pero conviene resaltar que la protesta era considerada, en realidad, una fase más del proceso electoral, una especie de tercera vuelta facilitada por un procedimiento muy garantista. En todos los casos, las protestas pasaban a la Comisión de Actas que revisaba las pruebas aportadas. Esta podía incluso actuar de oficio, tomar declaración a los implicados o a testigos, y requerir documentos. Si detectaba la existencia de irregularidades, la Comisión pasaba a dilucidar su extensión y cuantificar los votos afectados, para comprobar si modificaban o no el reparto de escaños (Álvarez Tardío y Villa García, 2017: 445-446).
La Comisión de Actas del Congreso se configuró de la siguiente manera: cinco vocales socialistas, cinco vocales de Izquierda Republicana (IR) , dos vocales de Unión Republicana, uno de Esquerra, un agrario, un centrista, uno de la Lliga, un monárquico y tres cedistas. Desde luego, la oposición aparecía infrarrepresentada pues la minoría más numerosa, la CEDA, quedaba con menos puestos que el PSOE o IR, y eso que, por separado, contaba con un mayor número de escaños. Constituida la Comisión, los grupos del Frente Popular coparon, además, la presidencia (Indalecio Prieto), la vicepresidencia (Baeza), la secretaría (Gomáriz) y la vicesecretaría (Martínez Cartón).
Como se puede apreciar, el Frente Popular se hizo con prácticamente el control exclusivo de la Comisión, lo que tuvo unas consecuencias decisivas para la conformación final de la Cámara legislativa. En efecto, la mayoría pudo —independientemente de las evidencias de fraude existente, de las actas notariales esgrimidas por parte de los candidatos conservadores para probarlo y de la falta de concordancia entre los resultados de las Juntas Municipales del Censo o de la Junta Central del Censo y los de las Juntas Provinciales— validar los resultados de las provincias de Cáceres, La Coruña, Jaén, Pontevedra, Lugo, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Concretamente, la aprobación de las actas electorales de Cáceres y Pontevedra provocaron graves episodios de violencia verbal, incluso física, entre los conservadores y los frentepopulistas dentro de la Cámara. La tensión llegó a un punto de no retorno cuando la mayoría de la Comisión comenzó a imponer anulaciones parciales de escaños conservadores en circunscripciones como Salamanca u Orense; pero, sin lugar a dudas, lo que finalmente determinó el abandono de las sesiones por parte de la CEDA fue la anulación de los resultados en las provincias de Cuenca y Granada, a las que se las achacó graves irregularidades sin pruebas y que, incluso suprimiendo los votos de dudosa reputación, como se ha comentado, estos no resultaban decisivos para haber variado un reparto final de escaños que los conservadores habían obtenido limpiamente.
El 31 de marzo por la mañana, tras varias horas de debate, la CEDA decide no participar en ninguna de las sesiones de la Comisión alegando que «la mayoría solo estaba dispuesta a mantener su intransigencia, su arbitrariedad y su diferencia de criterio, según se trate de un bando u otro», adoptando «una actitud de monopolio, de exclusivismo y de tiranía. […] La CEDA estaba dispuesta a someterse al criterio que prefiriese la mayoría “legalista o de convicción moral; de dureza, declarando la nulidad de actas, o de templanza, limitándonos a sancionar defectos parciales», pero no a «criterios partidistas, distintos en cada caso». Por ello, su minoría no confiaba ya en una Cámara que estaban sustituyendo «la voluntad popular, base de un régimen democrático», por «el imperio absoluto de una mayoría discutible, esencia de los regímenes totalitarios». Finalmente, anunció la retirada con las siguientes palabras: «libre tenéis el camino, construid el parlamento como os plazca».
Consideraciones finales
Las elecciones generales de febrero de 1936 cosecharon una alta participación (71,3%). Esta no se explicaría solo por la participación de los anarconsindicalistas en el proceso electoral, —un mito que, por cierto, desmienten los autores—, sino que consideran que el incremento notorio en el porcentaje de participación provenía, —sin dejar de lado por ello la influencia que también tuvo el anarquismo en algunas provincias—, en mayor medida de la inclusión de todas aquellas personas que habían cumplido los 23 años en el transcurso de tiempo que va desde la finalización de las elecciones de noviembre de 1933, en las que no pudieron participar, y los comicios generales de 1936, momento en el que ya tendrían la capacidad para ejercer su derecho al voto.
El Frente Popular obtuvo el 46,3% de los votos emitidos, lo que le proporcionaban, según los datos del 28 de febrero, unos 259 escaños. En cambio, la coalición antirrevolucionaria logró el 46% de los votos, lo que la dejó con tan solo 189 escaños. La pregunta más importante que pueden suscitar estos datos es la siguiente: «¿por qué un resultado tan igualado en votos se tradujo en una ventaja tan grande en escaños para el Frente Popular?». Los autores defienden que esto no solo se debió a la mayor capacidad de movilización que poseía el Frente Popular, sino también a los efectos del propio sistema electoral que ya había beneficiado al centro-derecha durante las elecciones de noviembre de 1933, y que dieron la victoria al Partido Radical de Alejandro Lerroux. En este sentido, el Frente Popular logró el triunfo en trece de las diecisiete circunscripciones que repartían diez o más escaños, que eran las que más población tenían y donde el cupo de las mayorías era superior al de otras provincias. Por este motivo y aunque las candidaturas conservadoras cosecharan triunfos en un mayor número de circunscripciones, la victoria del frente Popular, independientemente de las irregularidades y los trastrueques de actas que se produjeron en varias provincias, fue «tan solvente que ni siquiera una mayor cohesión dentro y la derecha hubiera cambiado decisivamente el reparto de escaños».
Entonces, ¿lo recomendamos?
Desde una parte de Archivos de la Historia, queremos recomendar encarecidamente la lectura de este fantástico libro. Estoy convencido de que, tras su estudio, no dejará a nadie impasible; pero no solo por las aportaciones y los mitos que desmiente la obra, sino también porque nos sumerge en un relato que se aleja, en parte, del constructo narrativo confeccionado por una parte de la historiografía española al que podríamos considerar como el hegemónico o el más puramente tradicional o aceptado. Por último y al igual que este gran trabajo de investigación, este artículo no pretende esgrimir polémicas políticas que se alejen del debate académico y divulgativo. Por lo tanto, es al lector a quien le corresponde —en última instancia, y siempre y cuando finalmente se decante por emprender su lectura— extraer sus propias conclusiones con las que, a su vez, podrá contrastar la información adquirida con la de otras interpretaciones existentes sobre uno de los episodios históricos más destacados, interesantes e impactantes de la Segunda República española.
Bibliografía
- Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto (2017). 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Barcelona: Espasa.
- González Calleja, Eduardo y Sánchez Pérez, Francisco (2018 ): «Revisando el revisionismo. A propósito del libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular». En Historia Contemporánea, Universidad Carlos III de Madrid, nº 58, pp. 851-881.
