En la primera entrada se explicaron las medidas llevadas acabo por el Gobierno Provisional anterior a la aprobación de la Constitución de la II República española, los debates parlamentarios y la aprobación final de los artículos de la Carta Magna relativos a la cuestión y las leyes laicizadoras de después. Ahora hay que tratar la respuesta de la Iglesia a estas actuaciones, un intento de acuerdo con la Iglesia durante el bienio derechista de 1934-1935 y el impacto de la victoria del Frente Popular.

La reacción de la Iglesia a la Constitución y a la Ley de Congregaciones Religiosas

Con los artículos 26 y 27 de la Constitución, los decretos sobre cementerios, laicidad de la escuela y sobre todo la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 la Iglesia perdía la gran mayoría de los privilegios que venía disfrutando en nuestro país desde siglos atrás y que en países vecinos ya habían sido suprimidos décadas antes.

A la general cautela y espera del desarrollo de los acontecimientos que caracterizó los dos primeros años de la República (salvo excepciones), en 1933 aparecieron las primeras figuras tradicionalistas que llamaban a los creyentes a la resistencia pasiva; Aniceto de Castro Albarrán, jesuita, publicó ya en el bienio cedista El Derecho a la Rebeldía: «podían ser lícitos los levantamientos armados contra los poderes tiránicos y, luego, infundir a los espíritus la tensión necesaria para que en un momento dado, respondiesen a otras llamadas que habían de ser muy distintas de aquellas invocaciones al acatamiento y a la legalidad» (Castro Albarrán, 1941: 15). Pese a lo que pueda parecer, no fue de gusto de todos y Vidal i Barraquer (cardenal y arzobispo de Tarragona) y Acción Católica lo declararon inoportuno y comprometedor de la Iglesia «contraria a los procedimientos de violencia». Este derecho a la rebeldía dio cobertura legal a la actitud insurgente de los católicos y se transformó durante la Guerra Civil en el instrumento de legitimación del nuevo Estado (La segunda república española, ed: pasado & presente, p.243).

El Episcopado Español publicó el 25 de mayo de 1933 una Declaración colectiva: «Inmerecido es el trato durísimo que se da a la Iglesia de España. Se la considera no como persona moral y jurídica, reconocida y respetada debidamente dentro de la legalidad constituida, sino como un peligro, cuya comprensión y desarraigo se intentan con normas y urgencias de orden público» (Documentos colectivos del Episcopado Español 1870-1974, pp. 189-219). Casi mas duro fue el papa Pio XI en su Carta Encíclica Dilectissima Nobis del 3 de junio: «Tan evidente aparece, por lo dicho, la inconsistencia del motivo aducido (defender a la República), que da derecho a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a incomprensión de la fe católica y de sus benéficas instituciones, al odio que contra el Señor y contra su Cristo fomentan sectas subversivas de todo orden religioso y social, como por desgracia vemos que sucede en México y en Rusia. (…) Después de haberlas privado (a las congregaciones Religiosas) del derecho de enseñar y de ejercitar toda clase de actividad con que puedan honestamente sustentarse, se las somete a las leyes tributarias, en la seguridad de que no podrán soportar el pago de los impuestos; nueva manera solapada de hacerles imposible la existencia. Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de Nuestro Apostólico Ministerio reprobarla y condenarla» (AAS 25 (1933), pp. 275-287). Como es evidente, Pio XI se refiere a la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que como hemos dicho, alegando motivos de orden público o seguridad para la República se podía limitar la actividad de las confesiones, nacionalizar sus bienes…

El Papa Pio XI y un ejemplar de su encíclica del 3 de junio de 1933.

Bienio derechista y negociaciones con la Santa Sede

Con la llegada de la derecha al gobierno en 1934 las medidas laicizadoras se pararon y la situación de la Iglesia mejoró considerablemente aunque las principales normas del gobierno anterior no fueron derogadas. Lerroux y la CEDA se mostraron partidarios de firmar un Concordato con la Santa Sede al igual que Alcalá-Zamora. Lerroux propuso a Leandro Pita Romero como embajador pero ante las condiciones impuestas por el Vaticano -tenía que remediar los graves daños sufridos por la Iglesia- el nombramiento se retraso hasta el 5 de mayo de 1934. Quería conseguir un concordato anterior a la reforma constitucional deseada por la derecha pero que no condicionase el nuevo texto constitucional pero el Vaticano se opuso. Luis Carreras, hombre de confianza de Vidal i Barraquer advirtió a Pita de la gran influencia que tenía en el Vaticano el cardenal Segura y otros elementos monárquicos, que veían en el Concordato un reconocimiento de la República como régimen legítimo y un interlocutor válido con la Santa Sede. Ante esta situación, el círculo más cercano a Vidal i Barraquer y el secretario de Estado Eugenio Pacelli sentenciaron que era imposible un concordato y que habría que conformarse con un modus vivendi.

De todas formas se redactó un anteproyecto de concordato por el Consejo de Ministros y tras un tiempo de estudio, Pacelli solicitó uno nuevo más breve que a efectos prácticos suprimía leyes constitucionales porque reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia, centros de enseñanza privada católicos… pero esto tampoco satisfizo al Vaticano y con las presiones de Segura se rechazó el 24 de septiembre. Se redactaron nuevos proyectos de modus vivendi que contaban con el beneplácito de Vidal i Barraquer y parecían resolver cuestiones muy conflictivas como el matrimonio civil y canónico pero al ser presentadas por Pita a la Santa Sede, los elementos monárquicos -Segura y compañía- ya habían presionado para que se rechazaran.

El 25 de marzo de 1935 Pio XI descartó de forma definitiva la posibilidad de cualquier acuerdo. Consideraba que no sacaban beneficio alguno, que un modus vivendi impedía un ulterior concordato. Al final, todo fue una estrategia dilatoria del Vaticano para asegurarse la recuperación de los privilegios eclesiásticos mediante una nueva Constitución cuyos artículos religiosos fueran redactados casi por la propia Iglesia. Confiaban en un aumento de poder de la CEDA en el gobierno o incluso la victoria en las próximas elecciones que les permitiera reformar la Carta Magna a su antojo, pero la estrategia fracasó estrepitosamente con la victoria del Frente Popular en febrero del 36 quedando, como reconoció Vidal i Barraquer, como una intransigente.

La victoria del Frente Popular y el Golpe de Estado

Con la victoria del Frente Popular en la elecciones de febrero de 1936 volvió la ofensiva laicista: férreos controles a la educación, con inspecciones en centros congregacionistas, incautaciones y restricción de manifestaciones públicas de culto. Durante y pocos días después de las elecciones se incendiaron edificios religiosos en Andalucía y Levante y estos se extendieron por todo el territorio nacional durante el mes de marzo, bastantes veces como consecuencia de provocaciones de la extrema derecha como en Logroño y Granada. Los incidentes de las dos primeras semanas de mayo coincidieron con un aumento de la conflictividad laboral pero en junio se calmaron los ánimos para estallar de nuevo en julio. La prensa católica culpó al Gobierno de no actuar contra la destrucción de 170 edificios aunque ningún religioso murió en los incidentes de aquellos meses (Montero Moreno, 1961 y Cruz, 2006).

Detalle del interior de la iglesia San Juan de Albacete tras un saqueo en marzo de 1936

La violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria fue imparable en julio y de la quema de edificios se pasó a las amenazas, insultos e incluso asesinatos por parte de ambos bandos. No hay pruebas de que la Iglesia participara en la preparación del Golpe de Estado del 18 de julio, pero gran parte del clero, sobre todo en Navarra, llevaban tiempo con actividades subversivas (Hermet, 1986, p.30) y al estallar el levantamiento la Iglesia y el Vaticano apoyaron rápidamente a los golpistas. El “derecho de rebeldía” ya mencionado fue adoptado como postura oficial ante el levantamiento y transformaron la guerra civil en una«Cruzada» para justificar la opción de la Iglesia por el lado rebelde. La movilización religiosa en la zona rebelde hizo estallar una oleada antirreligiosa en la zona republicana donde la persecución se cobró la vida de 6.832 religiosos (La Segunda República, ed: Pasado & presente, p. 251). En 1993, cincuenta y cuatro años después de finalizar la guerra, Juan Pablo II beatificó en masa a los «mártires de la cruzada» y su sucesor Benedicto XVI siguió la misma línea.

Conclusiones finales

Mi labor no es indicaros las conclusiones finales, sino daros la información necesaria a lo largo de estos artículos lo más imparcial posible para que las saquéis vosotros. No obstante, me gustaría sacar conclusiones a modo de resumen.

El apoyo de la Iglesia a Primo de Rivera y Alfonso XIII hizo que el rechazo social a estos se convirtiera en un rechazo social a la Iglesia. Siguiendo esa corriente, los nuevos diputados enarbolaron la bandera anticlerical y se pusieron manos a la obra para equiparar la situación eclesiástica española a la de países vecinos, aunque su fallo fue la precipitación y el olvido de la larga tradición religiosa española y del gran poder de la Iglesia; se antepuso el odio a la Iglesia a la consolidación de la República.

Sin embargo, la Iglesia adoptó enseguida una actitud victimista y agresiva, negando cualquier posibilidad de acuerdo que disminuyera sus privilegios lo más mínimo desde el principio y llamando a la movilización popular casi armada. Salvo algunas figuras como Vidal i Barraquer, la Iglesia y el Vaticano nunca apoyaron a la República y se dedicaron a dinamitarla desde el comienzo. Confundieron privilegios históricos inimaginables en otros Estados europeos con derechos inalienables. En las primeras negociaciones para un posible Concordato deseado por los gobiernos republicanos que pasaron a ser un mero intento de modus vivendi, quedó patente que la Iglesia estaba dispuesta a transigir aquellas cuestiones más religiosas como el matrimonio civil o el divorcio a cambio de que no se suprimiera la dotación económica y se les permitiera seguir ejerciendo la enseñanza.

La obcecación de la República con la cuestión religiosa puede considerarse excesiva. A pesar de la victoria aplastante de los republicanos en las elecciones a cortes constituyentes, los grupos de poder y un número no despreciable de ciudadanos seguían siendo monárquicos y muchos republicanos no recibieron bien la supresión de privilegios. Realmente los efectos prácticos de las medidas fueron escasos, ya que los edificios siguieron siendo utilizados por el clero y la enseñanza se siguió impartiendo pero permitieron sonados titulares en noticieros contrarios a la República que movilizaron a grandes masas católicas. Esta movilización católica fue eficaz porque unificó todos los valores de la derecha: la propiedad privada, la familia como núcleo de la sociedad, el nacionalismo inseparable del catolicismo y la defensa de la enseñanza religiosa como algo necesario para la libertad.

La cuestión religiosa unida a las reformas agrarias dividieron a la sociedad española creando un clima hostil alentado principalmente por los discursos agresivos de la derecha con Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera y ciertos altos cargos eclesiásticos que llamaban a la revolución armada contra la República, que pasaron a ser asesinatos en la calle hasta que se produjo el Golpe de Estado contra la República presidida por Azaña en 1936.

Manuel Azaña, presidente del Gobierno Provisional de octubre a diciembre de 1931 y Presidente de la República entre 1936 y 1939.

Finalizo con una reflexión del propio Manuel Azaña: “cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente y quiero discernir dónde se jugó el porvenir de la política republicana y dónde se atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el rumbo de la política, mi pensamiento y mi memoria van inexorablemente a la Ley de Congregaciones Religiosas, al artículo 26° de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad de la escuela” (Ramos Oliveira, 1952-1952, vol. III, p.146).

Bibliografía

-La Segunda República Española. Editorial: Pasado & Presente

-Documentos colectivos del Episcopado Español 1870-1974, pp. 189-219

-Encíclica Dilectissima Nobis 3 de junio de 1933

-Castro Albarrán, 1941, P.15

2 COMENTARIOS

  1. Excelente entrada.

    Comentar que si bien el contexto y las medidas ambiciosas de la República en la cuestión religiosa, no fueron posiblemente evaluadas las consecuencias o repercusiones, en mi opinión, fueran estas u otras diferentes, no hubiera frenado a la intransigencia histórica del conservadurismo patrio, monárquico y católico, ni por supuesto a un ejercito africanista trasnochado y nostálgico del pérdido imperio español.

    Un saludo.

    • Me alegro de que te haya gustado. Como bien dices, yo también creo que la cuestión religiosa era un tema demasiado delicado y se hiciera lo que se hiciese, la reacción no se iba a hacer esperar. No obstante, las medidas fueron tan rápidas y bruscas, antes de afianzar la República y un sentimiento republicano en la gran mayoría de la población, que era imposible que fuesen asimiladas por los conservadores. Esa rapidez en las medidas en parte venía exigida por otro sector de la población que no podía ser desoído que a su vez hizo que no se pensaran las consecuencias. Por eso me pareció una buena idea acabar con esa frase de Azaña al respecto.
      Un saludo.

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