Los otros juicios de Núremberg

Los juicios de Núremberg, celebrados entre 1945 y 1946 con el objetivo de juzgar a los jerarcas nazis, alcanzaron una gran celebridad en los medios de comunicación. Fuera de Alemania, también se celebraron otros juicios de gran importancia, si bien no tuvieron el mismo eco mediático.

Además del proceso de Núremberg, en Alemania se celebrarían, tras la guerra, otro gran número de juicios. También fue este el caso de países que habían sufrido la ocupación alemana, como la URSS, Polonia o Noruega. Japón, otro de los miembros del Eje, también tuvo su propia versión de los «juicios de Núremberg». Sin embargo, con posterioridad muchos de estos procesos han quedado en el olvido y apenas son conocidos.

Los primeros pasos

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 se creó por parte de los Aliados la llamada «Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas». El organismo nacía con la misión de investigar los crímenes de guerra perpetrados por las potencias del Eje, con la idea de que estos crímenes serían juzgados tras la contienda. No obstante, esta comisión de crímenes de guerra nunca gozó de autonomía ni de capacidad operativa.

Al margen de la legislación vigente en cada país, con carácter general los países del Eje habían incumplido un buen número de tratados internacionales. Además de la violación de fronteras o de pactos de no agresión, todo lo recogido por las convenciones de Ginebra y La Haya había sido manifiestamente incumplido. A medida que avanzó la guerra se hizo evidente que el número de crímenes cometidos conllevaría un gran volumen de investigaciones judiciales. Esto se puso de manifiesto durante la liberación de los campos de concentración nazis entre 1944 y 1945, o tras la liberación de la ciudad de Manila a comienzo de 1945.

Los «Tres Grandes» (Estados Unidos, Unión Soviética y Reino Unido) habían hablado sobre esta cuestión durante las conferencias de Teherán y Yalta. Se acordó perseguir a los criminales de guerra nazis y sentarlos ante un tribunal. Para los antiguos dirigentes alemanes esto se concretó en la organización de un gran proceso judicial que se celebraría en la ciudad de Núremberg. En otros casos la cuestión quedó repartida entre los países aliados, sin un criterio unificado. Esta circunstancia conllevaría en el futuro un sinfín de conflictos entre países, por la jurisdicción de los tribunales o la extradición de acusados.

Los juicios en Alemania

El juicio principal de Núremberg, que transcurrió entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, juzgó a los más destacados líderes nazis. Sin embargo, no fue el único proceso que tuvo lugar. Durante los siguientes años se celebraron varios procesos contra los altos funcionarios de los ministerios, juristas, médicos de las SS o los oficiales responsables de los Einsatzgruppen. La diferencia respecto del proceso principal es que aquel estuvo presidido por un tribunal internacional, mientras que los siguientes fueron llevados a cabo exclusivamente por iniciativa norteamericana. A este respecto no hay que olvidar que Núremberg se encontraba en la zona de ocupación de EEUU.

Sin eclipsar la relevancia de lo ocurrido en Núremberg, durante los años de posguerra se celebraron otros procesos relevantes. Uno de ellos sería el Juicio de Belsen (1945), organizado por los británicos para depurar las responsabilidades de los oficiales del Campo de concentración de Bergen-Belsen. También destacarían los procesos de Ravensbrück, celebrados en Hamburgo entre 1946 y 1948, que juzgaron a los oficiales de dicho campo de concentración. Por su parte, los norteamericanos celebraron entre 1945 y 1948 varios procesos en Dachau para juzgar al personal de algunos campos de concentración o a los responsables de la Masacre de Malmedy. Sin embargo, el juicio de Malmedy generó mucha polémica y al final muchos de los condenados por crímenes de guerra —como Joachim Peiper— acabaron saliendo bien librados.

Una vez se establecieron la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA) en 1949, la situación fue muy diferente en cada país.

Alemania occidental

En la RFA muchos militares, policías, juristas y burócratas nazis consiguieron rehacer sus carreras profesionales e integrarse con normalidad, sin que su pasado les afectase. Esto ocurrió incluso con antiguos miembros de la Gestapo o de las SS. Dicho proceso tuvo lugar en el contexto de la Guerra Fría, al calor del anticomunismo entonces imperante, jugando las autoridades norteamericanas de ocupación un rol muy destacado. El gobierno de Konrad Adenauer tampoco sería ajeno a esta realidad y facilitó la rehabilitación política de numerosos ex-nazis. En general, para 1950 la población de Alemania occidental aspiraba a dejar atrás el pasado e hizo la vista gorda ante lo que ocurría.

Sin embargo, el juicio contra Adolf Eichmann celebrado en Jerusalén y el llamado «proceso de Auschwitz» celebrado en Frankfurt cambiaron la situación que hasta entonces había imperado (Westemeier, 2007: 184). Ambos juicios fueron muy mediáticos y acabaron influyendo en el punto de vista de muchos alemanes. Como resultado, desde finales de la década de 1960 se comenzó a perseguir judicialmente a algunos criminales de guerra nazis. En buena medida este cambio de tendencia se debió al fiscal Fritz Bauer, principal artífice de que se celebrara el «proceso de Auschwitz» por la justicia alemana. El paso dado por Bauer, enfrentándose al aparato judicial germano, sentó un precedente.

No obstante, otros muchos criminales de guerra o antiguos funcionarios nazis siguieron gozando de protección y evitaron la acción judicial. Este fue el caso de Heinz Lammerding, general de las SS, cuya extradición a Francia fue bloqueada repetidamente por las autoridades alemanas. Lammerding había sido comandante de la División «Das Reich» de las Waffen-SS, responsable de la masacre de Oradour-sur-Glane en 1944.

Alemania oriental

Durante la primavera de 1945 muchos funcionarios o militares nazis huyeron de Alemania oriental ante el avance soviético, lo que a la larga supuso que muchos escaparan al alcance de la justicia de la URSS. A partir de 1949 en la RDA hubo no pocos casos de antiguos criminales de guerra nazis que fueron descubiertos por las autoridades y juzgados. Algunos recibieron la pena capital por la gravedad de los delitos. Por lo general, se trataba de soldados rasos o suboficiales, en contraste con los altos oficiales que habían sido juzgados en Núremberg tras la guerra. De todos ellos cabe destacar los casos de Horst Fischer y Josef Blösche por el eco mediático que llegaron a tener dentro y fuera de la RDA.

Horst Fischer había tenido un papel relevante como médico de las SS en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau y Monowitz. Tras la guerra, logró pasar desapercibido hasta que fue descubierto por la Stasi en 1965. Sería juzgado por la Corte superior de la RDA, que lo condenó a muerte, siendo ejecutado en la guillotina en julio de 1966.

El caso de Josef Blösche, sin embargo, alcanzó una fama mucho mayor. Blösche era un miembro de las SS con un amplio historial de participación en crímenes de guerra. Su aparición en una icónica fotografía sobre la represión del gueto de Varsovia —apuntando a un niño judío— se convirtió en su «hazaña» más conocida. Tras la guerra logró pasar desapercibido gracias a un accidente laboral que le había dejado graves secuelas faciales. A pesar de ello, no logró evitar que la Stasi lo acabara descubriendo y deteniendo, en enero de 1967 (Schwan y Heindrichs, 2005: 237-246). En lo que constituyó un juicio muy mediático, el gran volumen de evidencias gráficas y materiales de sus crímenes se volvieron en su contra. Condenado a muerte, fue ejecutado en 1969.

Los juicios en Europa occidental

En Europa occidental la ocupación alemana no adquirió las cotas de violencia que sí adquirió la guerra en el Este, especialmente en la Unión Soviética o Yugoslavia. Tras el final de la contienda en los países del Oeste se persiguió profusamente el colaboracionismo con los alemanes, llegando a desarrollarse una amplia represión en naciones como Francia.

Francia

Tras la liberación de Francia por los Aliados, en agosto-septiembre de 1944, comenzó un proceso de «depuración legal» contra todos aquellos elementos colaboracionistas. En muchos casos se celebraron juicios que terminaron con penas de inhabilitación, cárcel o pena de muerte. Este sería el caso de figuras conocidas como Pierre Laval —jefe del gobierno de Vichy—, Joseph Darnand —jefe de la milicia colaboracionista— o Robert Brasillach, que recibieron la pena capital. No ocurrió lo mismo con el Philippe Pétain, antiguo líder del régimen de Vichy, cuya condena a muerte se conmutó por la cadena perpetua. A pesar del hecho de que no se celebró un gran proceso sumario tipo Núremberg, los juicios contra Petain o Lavan sí alcanzaron una gran notoriedad.

Al margen de los procesos legales, desde los primeros días de la liberación también se desató una represión incontrolada por todo el país. Se produjeron numerosas detenciones y ejecuciones ilegales, así como humillaciones públicas. Esto fue especialmente notable entre las mujeres acusadas de confraternizar con los alemanes, a las que se rapaba y paseaba en público como degradación. Sobre los muertos en la represión no existen cifras oficiales, siendo esta una cuestión compleja para la historiografía. No obstante, resulta significativo que en marzo de 1945 el ministro de Interior, el socialista Adrien Tixier, declarase que hasta entonces unas 105.000 personas habían sido ejecutadas (Huddleston, 1955: 299-300).

A partir de 1950 se procedió a rehabilitar a la mayor parte de los condenados a penas de cárcel o depurados legalmente. También cabe hacer mención de los funcionarios colaboracionistas que tras la liberación consiguieron limpiar su pasado y mantener sus carreras profesionales. Un caso destacado fue el de Maurice Papon, cuyos servicios prestados durante la ocupación alemana no le impedirían ejercer como prefecto de la policía de París o ministro de Finanzas. Papon tuvo responsabilidad en la deportación de más de mil judíos a los campos de exterminio nazis (Elliott, 2011: 135-136). No sería hasta la década de 1990 cuando se le juzgó por estos hechos y resultó condenado a penas de cárcel.

Noruega

La ocupación germana en Noruega no alcanzó la dureza que tuvo en otros países de Europa, aunque entre un elevado número de noruegos sí se dio un importante grado de colaboracionismo. Este fenómeno estuvo personificado en la figura de Vidkun Quisling, jefe del gobierno colaboracionista local bajo los nazis. Las tornas cambiaron una vez hubo acabado la guerra. Tanto la resistencia como el gobierno exiliado en Londres iniciaron una purga legal de los elementos filonazis más significados.

Vidkun Quisling fue juzgado, en un contexto mediático muy adverso para él, siendo condenado a muerte y ejecutado en octubre de 1945 (Hayes, 1972: 302-303). Un final semejante tendrían varias decenas de noruegos y alemanes procesados por la justicia del país nórdico. Muchos de los condenados a muerte habían sido miembros de la Statspolitiet (STAPO), una policía colaboracionista establecida por los nazis. Otro caso destacado lo constituyó el empresario y cantante de ópera Albert Viljam Hagelin, mano derecha de Quisling, que había ocupado una cartera ministerial en el gobierno colaboracionista (Pearson, 2015: 242-243). Hagelin también se encontraba entre los que recibieron la pena capital. Reflejo del clima que imperaba al final de la guerra, el término «Quisling» se acabaría convirtiendo en un sinónimo de colaboraciosnimo.

Países Bajos

La historia de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial ofrece muchos contrastes. Mientras importantes capas de la población participaron en la resistencia, otros muchos colaboraron activamente con los ocupantes. Y aunque en un principio el régimen de ocupación fue relativamente benigno, los últimos meses fueron especialmente brutales. Además de cuantiosos daños materiales, más de doscientos mil holandeses perdieron la vida como consecuencia de la represión, el hambre o las acciones bélicas. Tras la liberación, en mayo de 1945, se inició una «purga» de aquellos que habían ayudado a los ocupantes, proceso que que incluyó detenciones, humillaciones públicas o ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades neerlandesas no tardaron en establecer un tribunal especial, el Bijzonder Gerechtshof, encargado de llevar los procesos judiciales contra colaboracionistas y funcionarios alemanes. Unos 14.000 holandeses llegaron a ser procesados por este tribunal, de los cuales más de un centenar recibió la pena de muerte. Este sería el caso de Anton Mussert, líder del Movimiento Nacional-Socialista holandés y figura central del colaboracionismo, fusilado en 1946. Otro caso destacado fue el de Ans van Dijk, una judía de Ámsterdam que había colaborado con los nazis. A Van Dijk se la responsabilizó haber expuesto a más de un centenar de compatriotas suyos —muchos de ellos judíos—, que eran detenidos y enviados a campos de concentración, donde la mayoría murió. Algunos autores también le han atribuido la delación de Anne Frank y su familia.

Los tribunales neerlandeses no pudieron procesar a la principal autoridad alemana durante la ocupación, Arthur Seyss-Inquart, dado que formó parte del grupo de jerarcas nazis juzgados en Núremberg. Pero otros altos oficiales germanos sí acabarían respondiendo de sus crímenes ante jueces holandeses, como Hanns Albin Rauter, jefe de las SS y la policía en los Países Bajos. Rauter había tenido la responsabilidad de coordinar la violenta represión contra la resistencia y la población, lo que le había convertido en alguien muy odiado. Su juicio tuvo lugar en 1948, siendo condenado a muerte y ejecutado un año más tarde. En su época, el proceso contra Rauter recibió una importante cobertura mediática.

Los juicios en Europa oriental

La ocupación alemana tuvo una especial intensidad en los países de Europa oriental, con países como Polonia o Yugoslavia que sufrieron especialmente la represión germana. Tras la guerra, además de la persecución de los criminales de guerra alemanes, la represión del colaboracionismo constituyó un elemento central de estos procesos legales. Aunque muchos criminales de guerra nazis escaparon o no fueron extraditados a estos países, otros muchos sí fueron capturados y sometidos a juicio.

Polonia

Dentro de los demás países del Este, el caso de Polonia fue singular. La ocupación alemana fue especialmente dura para el país, cuyo máximo exponente estuvo en el gran número de campos de concentración y exterminio que los nazis instalaron. Hay que tener en cuenta que entre 1939 y 1945 algunas partes de Polonia habían sido anexionadas a Alemania, mientras que el resto del territorio había quedado bajo jurisdicción del «Gobierno General».

Las autoridades polacas establecieron el llamado Tribunal Nacional Supremo, que entre 1946 y 1948 juzgó a altos funcionarios alemanes destinados en la Polonia ocupada. Entre los principales procesados se encontraban Albert Forster, antiguo Gauleiter nazi en Danzig; Ludwig Fischer, gobernador del distrito de Varsovia; Josef Bühler, secretario de Estado del Gobierno General; o Rudolf Höss y Amon Göth, comandantes de los campos de concentración de Auschwitz y Cracovia-Płaszów, respectivamente. La figura de Amon Göth alcanzaría fama décadas después tras el estreno de la película La lista de Schindler (1993). Debido a la gravedad de los cargos que pesaban sobre los acusados, en la mayoría de casos se dictaron condenas a la pena capital.

También se celebraron juicios separados para el personal de los campos de concentración de Auschwitz, Majdanek y Stutthof, este último situado a las afueras de Danzig. Cabe señalar que durante estos años no todos los procesados fueron alemanes y también sobresalieron algunos casos de colaboracionistas polacos en el Holocausto. Sin embargo, las autoridades de la Polonia comunista optaron por no profundizar en esta cuestión, como tampoco lo hicieron con lo ocurrido en la masacre de Katyn. Con posterioridad a 1948, a medida que avanzaba la reconstrucción del país, decayeron los procesos contra los funcionarios nazis. A esto se sumaría el hecho de que para 1956 muchos de los condenados que todavía se encontraban en prisión se beneficiaron de una amnistía.

Aún así, en la década de 1950 todavía hubo algunos juicios notorios. En este sentido, destaca el caso de Erich Koch. Sobre el antiguo Reichskommissar alemán para Ucrania recaía la responsabilidad de un buen número de asesinatos y crímenes de guerra. Paradójicamente, Koch no fue juzgado en la URSS, sino en Polonia, en octubre de 1958. Ello se debió a que miles polacos de la Ucrania occidental resultaron asesinados bajo su responsabilidad. Sería condenado a muerte, si bien las autoridades polacas le conmutaron la pena por la de cadena perpetua. Koch nunca mostró arrepentimiento y permaneció en prisión el resto de su vida, hasta su fallecimiento en 1986 (Wistrich, 2002: 142-143).

Yugoslavia

La ocupación de Yugoslavia por las fuerzas del Eje no se redujo a una mera ocupación militar del territorio. Durante el transcurso de la contienda se desarrolló una auténtica guerra civil interna en la que intervinieron numerosos actores: partisanos comunistas, chetniks serbios, ustachas croatas, bosniacos musulmanes, etc. Además, no hay que olvidar que algunas regiones quedaron anexionadas por sus vecinos (Alemania, Italia o Hungría) y por el recién creado Estado independiente de Croacia. Como resultado de ello, la restaurada Yugoslavia planteó procesos judiciales contra los ocupantes y contra los colaboracionistas.

A comienzos de 1946 se juzgó en Liubliana al general Leon Rupnik, principal artífice del colaboracionismo en Eslovenia, y a varios oficiales alemanes destinados en la zona. Los principales acusados en este proceso recibieron penas de muerte y serían ejcutados. Unos meses después se celebró el llamado «juicio de Belgrado» contra los miembros del gobierno colaboracionista serbio o el alcalde de Belgrado bajo la ocupación, Dragomir Jovanović. Las autoridades yugoslavas insistieron en incluir en el sumario al general Draža Mihailović, el controvertido líder Chetnik durante la contienda. Muchos de los encausados recibieron penas de muerte y serían ejecutados posteriormente, mientras que en otros casos hubo penas de prisión. El juicio y posterior ejecución de Mihailović tuvo una mala recepción entre algunos dirigentes de Europa occidental y motivó no pocas críticas. Sin embargo, ello no afectó a las extradiciones de criminales de guerra germanos.

Las autoridades de Belgrado consiguieron de los Aliados la extradición de numerosos oficiales de la Gestapo, las SS o el ejército alemán que habían estado destinados en el país. De entre todos ellos destacaban nombres como August von Meyszner o Hermann Behrends, comandantes de la policía y las SS en la Yugoslavia central. La mayor parte de estos acusados, responsables de la represión contra los partisanos o del asesinato en masa de civiles, recibieron penas de muerte. Mayor notoriedad alcanzó el caso del general Alexander Löhr, antiguo comandante en jefe de las fuerzas alemanas en la Europa suroriental y responsable del bombardeo de Belgrado en 1941. Löhr fue juzgado en Belgrado junto a otros oficiales alemanes, condenado a muerte y ejecutado en 1947.

En cuanto a lo ocurrido con los Ustachas croatas, cabe decir que muchos de ellos cayeron asesinados en la represión de los primeros días de posguerra. No obstante, algunos de sus líderes lograron escapar al extranjero. Este fue el caso de Ante Pavelić, caudillo ustacha y dictador del Estado Independiente de Croacia entre 1941 y 1945. Pavelić llegó a residir primero en Argentina y luego en la España franquista, donde murió en el ostracismo en 1959. Vjekoslav Luburić, otro jerarca ustacha y responsable de todos los campos de concentración en Croacia, también se refugió en España. Como en otros casos, las autoridades de Belgrado nunca consiguieron su extradición. Sin embargo, Luburić acabaría muriendo en un atentado de los servicios secretos yugoslavos en 1969.

El caso de Japón y Asia

De forma similar a lo que ocurrió con Alemania, al acabar la Segunda Guerra Mundial el Japón pasó a estar bajo ocupación militar norteamericana, bajo la jefatura del general Douglas MacArthur. Desde los primeros días las nuevas autoridades procedieron a arrestar y procesar a los principales responsables políticos y militares de Japón durante el período 1931-1945. Los acusados de crímenes de guerra quedaron divididos en varias categorías (A, B, C y D) dependiendo de la gravedad de las acusaciones. Entre 1946 y 1948 se celebrarían los llamados Juicios de Tokio, que constituyeron la versión nipona de los de Núremberg. Paralelamente, en otros países de Asia que habían luchado o que habían estado bajo la ocupación nipona también tuvieron lugar distintos procesos judiciales.

Los Juicios de Tokio

En Japón el equivalente de Núremberg fue el llamado Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que juzgó a los líderes políticos y militares más destacados del Imperio japonés. Entre los acusados se encontraban miembros de todos los gabinetes que había tenido Japón entre 1931 y 1945. La principal excepción la constituyó el emperador Hirohito, al que las autoridades norteamericanas eximieron de cualquier responsabilidad legal. Por contra, el general Hideki Tōjō —antiguo primer ministro— se acabaría convirtiendo en el chivo expiatorio sobre el que recayeron muchas de las culpas y responsabilidades.

El tribunal estuvo compuesto por jueces de once países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China, Unión Soviética, Francia, Nueva Zelanda, Filipinas, India británica, Canadá y Países Bajos. El proceso se alargó más de lo previsto inicialmente y hubo de hacer frente a varios cambios de jueces. También se vio afectado por cuestiones polémicas, como la protección de la que gozó el emperador Hirohito, que constituyó un punto de fricción constante. Otro aspecto muy polémico fue el papel que jugó el juez indio Radhabinod Pal, que desde el principio mostró una abierta postura pro-japonesa (Maga, 2001: 66). Finalmente, en noviembre de 1948 el tribunal dictó sus sentencias.

De los veintiocho procesados, siete fueron condenados a muerte y ahorcados el 23 de diciembre de 1948. Entre los condenados a la pena capital se encontraban Hideki Tōjō u otras figuras famosas como los generales Kenji Doihara, Iwane Matsui o Akira Mutō. El resto de acusados recibieron condenas a cadena perpetua o largas penas de cárcel. No obstante, la inmensa mayoría de ellos obtendrían su puesta en libertad durante la década de 1950, al calor del clima anticomunista que imperaba entonces. En muchos casos se trató de excarcelaciones por motivos de salud o de «perdones» parciales. Este sería el caso del marqués Kōichi Kido, consejero del emperador y considerado por muchos una figura responsable de que Japón se hubiera lanzado al camino de la guerra. Hiroshi Ōshima, el ardiente filonazi que había servido como embajador nipón en Berlín, también recibió el «perdón» de las autoridades de ocupación.

Finalizado el juicio, otros muchos detenidos por crímenes de guerra serían amnistiados y puestos en libertad antes de que acabara la década de 1940. Bajo la sombra de la Guerra Fría, en el Japón ocupado también se desarrolló el mismo proceso que tuvo lugar en Alemania con los antiguos criminales de guerra nazis. Muchos llegaron a ser rehabilitados, como fue el caso de Nobusuke Kishi, que había ostentado la cartera ministerial de Industria y Municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Kishi lograría dejar atrás su pasado y ocupó el puesto de primer ministro entre 1957 y 1960, bajo protección estadounidense.

Otros juicios

Además del proceso de Tokio, los juicios contra los crímenes de guerra japoneses también se reprodujeron en otros países. Un caso famoso fue el del general Tomoyuki Yamashita, último comandante de las fuerzas niponas en Filipinas, al que se juzgó en la capital filipina. A Yamashita se le consideró responsable de la masacre de Manila, ocurrida a comienzos de 1945, si bien el proceso judicial recibió muchas críticas en la época por falta de imparcialidad. Condenado a muerte, sería ejecutado en 1946. Una situación similar se dio con el general Masaharu Homma, antiguo gobernador japonés de las Filipinas bajo cuya autoridad habían sido asesinados muchos prisioneros de guerra norteamericanos. Sin embargo, figuras notables del colaboracionismo filipino con Japón, como el presidente José P. Laurel, se salvaron de un destino similar gracias a una amnistía decretada en 1948.

China llegó a establecer trece tribunales con jurisdicción para investigar y juzgar crímenes de guerra durante la ocupación nipona. Uno de estos tribunales fue el que se estableció en la ciudad de Nankín para juzgar la masacre perpetrada por el Ejército Imperial tras la toma de la capital china en diciembre de 1937 (Liu y Zhang, 2016: 156). Medio millar de acusados japoneses resultaron condenados en diversos grados, de los cuales más de un centenar lo fue a la pena capital. Los colaboracionistas chinos constituyeron otro colectivo al que se persiguió judicialmente, con numerosas condenas a la pena capital. Esta dinámica se mantuvo tras el triunfo comunista en la Guerra Civil y el consiguiente cambio de régimen. Destacarían en en este sentido los procesos contra los altos funcionarios de Manchukuo o el emperador títere Puyi, tras ser extraditados por la Unión Soviética en 1950.

Los australianos también organizaron diversos procesos contra oficiales nipones acusados de crímenes de guerra contra miembros de su ejército. Los soviéticos, por su parte, celebraron a finales de 1949 un juicio contra antiguos mandos del ejército japonés en Manchuria. Sin embargo, este caso merece una mención aparte. En contraste con el eco mediático que recibieron los procesos de Tokio o Núremberg, los juicios de posguerra celebrados en Asia no gozaron del mismo tratamiento y por lo general han quedado en el olvido.

Los juicios en la Unión Soviética

La URSS fue uno de los países que más sufrió la ocupación alemana, tanto en vidas humanas como daños económicos y materiales. Al margen de la presencia soviética en los tribunales de Núremberg o Tokio, dentro del país también tuvieron lugar numerosos juicios.

Entre 1945 y 1948 las autoridades soviéticas llegaron a celebrar casi una veintena de procesos judiciales contra soldados y oficiales del Eje, principalmente alemanes. Una primera tanda de juicios por crímenes de guerra tuvo lugar entre diciembre de 1945 y febrero de 1946, en diversas localidades que habían estado bajo ocupación germana: Smolensk, Briansk, Velíkye Luki, Kiev, Nikolaev, Minsk y Riga. Entre octubre y noviembre de 1947 se celebraría una segunda tanda de juicios, esta vez en las ciudades de Stálino (actual Dónetsk), Bobruisk, Sebastopol, Chernigov, Poltava, Chisinau, Nóvgorod, Gómel y Vítebsk. En su conjunto, buena parte de los acusados en estos procesos resultaron condenados a muerte y ejecutados (Exeler, 2019: 209).

Un buen ejemplo de estos procesos lo constituye el juicio de Minsk, celebrado a comienzos de 1946, que juzgó los crímenes de guerra cometidos durante la ocupación nazi de Bielorrusia. Muchos responsables se encontraban fuera del alcance de la justicia soviética, huidos o bajo jurisdicción militar angloamericana. En estos casos las solicitudes de extradición de criminales de guerra no siempre eran aceptadas o se dilataban mucho en el tiempo porque había otras partes interesadas. A pesar de ello, se juzgó a dieciocho militares y miembros de las SS que habían actuado en Bielorrusia. La mayor parte serían condenados a muerte y ejecutados (Ueberschär y Blasius, 1999: 247, 257).

Si en la URSS por norma general no se juzgó a jerarcas nazis de relevancia, el juicio de Riga —celebrado a comienzos de 1946— fue una excepción. En este proceso uno de los principales acusados fue el general de la policía y las SS Friedrich Jeckeln, responsable de numerosas matanzas llevadas a cabo por los Einsatzgruppen. Jeckeln y otros mandos militares o de las SS recibieron penas de muerte, siendo ahorcados el 3 de febrero de 1946 (Bartrop y Grimm, 2019: 162). Otro caso caso significativo, aunque hoy olvidado, fue el del general de las SS Hellmuth Becker. Antiguo oficial del Campo de concentración de Dachau, Becker había sido comandante de la División «Totenkopf» de las Waffen-SS, una unidad especialmente conocida por sus atrocidades. Sometido a varios juicios por crímenes de guerra, sería condenado a muerte y ejecutado en febrero de 1953 (Hilger, 2006: 210).

A mediados de la década de 1950 la situación dio un cambio respecto al período de posguerra. Coincidiendo con los nuevos aires que soplaban en el ámbito político, las autoridades soviéticas aprobaron varios indultos para los condenados por los delitos cometidos durante la guerra. Como resultado, la mayor parte de ellos serían puestos en libertad de forma paulatina. La cuestión de los prisioneros alemanes no se logró cerrar hasta 1955, tras una visita a Moscú del canciller Konrad Adenauer. Los últimos presos germanos en la URSS, entre los que se encontraban los supervivientes de la batalla de Stalingrado, regresarían a su tierra en 1956.

Los casos de colaboracionismo

Los alemanes llegaron a establecer una red de colaboracionistas en las zonas de la URSS que controlaban, con el objetivo de reforzar su ocupación. También reclutaron entre los prisioneros de guerra soviéticos para crear unidades de combate, como el Ejército Ruso de Liberación que lideraba el general Andréi Vlásov. Sin embargo, la derrota de la Alemania nazi en 1945 sentenció el destino de todos estos grupos, especialmente de aquellos que cayeron en manos de los soviéticos. Tanto Vlásov como sus oficiales fueron trasladados a Moscú, donde se les juzgó por traición y condenó a muerte en 1946. Situación similar se dio con muchos integrantes del XV. SS-Kosaken-Kavallerie-Korps y con su comandante en jefe, el Feldataman Helmuth von Pannwitz. Este último sería juzgado y ejecutado en 1947.

Durante el transcurso de la contienda los partisanos que actuaban tras las líneas alemanas habían ejercido el grueso de la represión contra los elementos colaboracionistas. No obstante, con posterioridad a 1945 numerosos criminales guerra evitaron acabar ante un tribunal. No fueron pocos los que consiguieron huir a Occidente y, bajo una falsa identidad, fabricar otra vida. Dentro de la propia URSS también fueron muchos los que lograron ocultar su pasado, a pesar de los esfuerzos de la policía soviética.

En las décadas de 1970 y 1980 salieron a la luz las historias de antiguos colaboracionistas que habían logrado pasar desapercbidos a pesar de su oscuro pasado. Estos serían los casos de Hryhoriy Vasiura o de Antonina Makarova, que habían llevado una vida normal durante décadas a pesar de su participación en masacres al servicio de los alemanes. Tanto Vasiura como Makarova fueron juzgados y condenados a muerte, siendo ejecutados en 1979 y 1987, respectivamente. Mayor celebridad alcanzó el caso de Feodor Fedorenko, un antiguo guardia del campo de exterminio de Treblinka que había logrado escapar a Estados Unidos. Tras ser descubierto, en la década de 1980 las autoridades norteamericanas lo extraditaron a la URSS, donde sería juzgado, condenado a muerte y ejecutado.

Los Juicios de Jabárovsk

Al margen de los procesos celebrados por crímenes de guerra contra Alemania y otros países europeos del Pacto del Eje, los soviéticos celebraron en la ciudad Jabárovsk un juicio contra antiguos mandos del ejército japonés en Manchuria. El proceso tuvo lugar entre el 25 y 31 de diciembre de 1949, constituyendo un caso especial.

Muchos altos oficiales japoneses de Manchukuo habían caído prisioneros del Ejército Rojo tras la invasión soviética de la región. En el banquillo de los acusados se sentaron doce antiguos mandos del Ejército de Kwantung, entre los cuales sobresalía Otozō Yamada. Además de crímenes de guerra, durante el juicio se abarcaron cuestiones como las experimentaciones humanas perpetradas por la Unidad 731 del Ejército Imperial. Las condenas oscilaron entre los 2 y los 25 años de prisión, dependiendo de cada acusado. Sin embargo, las penas más altas no llegaron a cumplirse porque en 1956 los japoneses presos en la URSS recibieron una amnistía, pudiendo regresar a Japón.

Aunque en ningún caso alcanzó las cotas del proceso de Núremberg, algún autor ha llegado a considerarlo como una repuesta soviética a los juicios de Tokio. En tal sentido, los soviéticos realizarían con posterioridad una importante campaña de publicidad sobre el proceso, editando incluso un libro. A nivel internacional tuvo poco eco, con excepción de la China comunista, donde tuvo una acogida positiva (Polunina, 2016: 143-144).

Conclusiones

Al margen de los que sí fueron juzgados o escaparon a la Justicia, hubo también un buen número de acusados que se suicidaron antes de sentarse ante un tribunal. Un caso destacado lo constituye Herbert Backe, oficial de las SS y ministro de Agricultura del Reich. Backe había ideado el llamado «Plan Hambre» (Gerhard, 2005: 12-13), el cual preveía el exterminio de unos treinta millones de soviéticos como una forma de limpieza étnica. También seguirían este camino otros como el ex-primer ministro japonés, Fumimaro Konoe, o el general Milan Nedić, líder del gobierno colaboracionista serbio.

En el plano mediático, cabe señalar que los procesos judiciales de posguerra tuvieron una cobertura desigual. Núremberg concitó la principal atención de los medios de comunicación internacionales, ensombreciendo lo ocurrido en otros países. Hubo casos concretos, como los juicios a Vidkun Quisling y Philippe Pétain, cuyo eco traspasó las fronteras nacionales. En Japón los juicios de Tokio tuvieron inicialmente una cobertura similar a los de Núremberg, si bien su dilatación en el tiempo le hizo perder interés mediático. En la Unión Soviética todos los procesos judiciales de este tipo recibieron una amplia cobertura informativa por parte de la prensa soviética, y en algunos casos contaron con la asistencia de miles de espectadores. Sin embargo, fuera de la URSS tuvieron un escaso eco.

Otra cuestión es la que se refiere a la naturaleza de estos procesos y la falta de garantías para los procesados. Ya en su época algunos juicios fueron criticados por falta de imparcialidad de los tribunales o porque los acusados carecían de unas mínimas garantías judiciales. Sobre los procesos de Núremberg y Tokio no fueron pocos los que señalaron que no existían antecedentes legales que dieran cobertura a la acción de estos tribunales. Por otro lado, estos procedimientos judiciales no constituyeron un punto y final. Durante la siguientes décadas continuó habiendo investigaciones y juicios contra antiguos criminales de guerra, como bien refleja la película La Caja de Música (1989).

Fuentes

• La Unión Soviética anuncia la ejecución del criminal nazi Feodor Fedorenko, El País (28 de julio de 1987)
• La cara oscura de la Liberación: Robert Brasillach, el escritor fascista ejecutado, elconfidencial.com (26 de agosto de 2019).
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